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El Sr.Abdulla Al Khalil, defensor de los derechos humanos y abogado, fue citado a comparecer ante la Corte Penal de Al Riqqa el próximo 6 de febrero de 2012, acusado de la comisión de un delito penal.

Abdulla Al Khalil, integrante del Equipo de Defensa de Detenidos en Al Riqqa, ha brindado asistencia legal y financiera a decenas de víctimas de arresto y detención arbitraria desde que comenzaron las revueltas en el país en marzo del 2011. Ya al inicio de su labor ha sido víctima de una campaña de intimidación y hostigamiento de parte de las autoridades, en la que se incluyen detención, hostigamiento judicial y amenazas de muerte.

El 6 de febrero de 2012, Abdulla Al Khalil deberá comparecer ante la Corte Penal de Al Riqqa respondiendo a acusaciones que incluyen daños a propiedades del estado y construcción ilegal, según lo dispuesto por el Código Penal y la Ley 59 del 2008. Estas acusaciones pueden ser penadas con sentencias que van de dos a seis años de prisión. La citación al defensor llega poco menos de un mes después de la demolición de su granja y las amenazas de destruir sus olivares, ordenada por el gobernador de Riqqa. Durante dicha demolición, agredieron a integrantes de su familia y golpearon a sus sobrinos; uno de ellos debió ser trasladado al hospital donde le dieron varios puntos de sutura.

En abril de 2011, Abdulla Al Khalil fue amenazado de muerte por un funcionario del partido gobernante, Ba’ath, que dijo que le cortarían la cabeza y la arrojarían al río Eufrates. El defensor denunció a la policía este incidente y otros de abuso verbal y amenazas que había recibido de parte de funcionarios del mencionado partido y formuló una denuncia ante el Procurador General. Sin embargo, no se tomaron acciones contra los responsables.

El 1 de mayo de 2011, la seguridad militar de Al Riqqa arrestó a Abdulla Al Khalil, lo encadenó y le vendó los ojos durante las varias horas en las que lo mantuvo en aislamiento. Fue interrogado sobre cuestiones relativas a su defensa de detenidos políticos y las fuentes que financian su tarea. Por la noche fue trasladado al departamento de inteligencia militar del pueblo de Dier Al Zourr, todavía encadenado y con los ojos vendados, donde lo volvieron a interrogar. El tercer día de la detención fue llevado al departamento de la policía militar en Al Riqqa donde fue nuevamente interrogado detenidamente. El cuarto día compareció ante el juez de instrucción que lo interrogó y lo dejó bajo custodia en la prisión de Al Riqqa, acusado de participar en una manifestación no autorizada e iniciar una lucha sectaria.

Quedó retenido sin que se presenten cargos durante un mes, en el departamento de seguridad penal en Damasco, pese a que el período oficial de detención había expirado diez días después del arresto. Lo mantuvieron en el centro de detención de seguridad política durante cuatro días, en los que fue interrogado y luego trasladado a la prisión Adra, donde permaneció detenido varios días más. Luego lo llevaron al departamento de seguridad penal en Damasco, y lo alojaron en condiciones terribles en una celda infectada de insectos, entre otros de cucarachas; lo volvieron a llevar a Al Riqqa, compareció ante un juez, enviado al centro de detención de seguridad penal y –finalmente- liberado.

Pocos días después de recuperar la libertad, fue incluido en un decreto de amnistía presidencial de ese momento, y le regresaron su teléfono móvil, que había sido incautado cuando intentó utilizarlo para acceder a Al Jazeera TV mientras estuvo detenido. En el período posterior a su libertad fue víctima de una campaña de difamación, que incluyó acusaciones de tráfico de droga y armas, y recibir dinero de los EE.UU. y Europa. Solicitaron a sus clientes que no requieran sus servicios como abogado.

El 22 de agosto de 2011, el defensor fue arrestado otra vez dentro del edificio del Palacio de Justicia en Riqqa cuando participaba en una sentada de protesta junto a otros colegas abogados. Quedó detenido durante una semana junto a otros 21 colegas, acusados de participar en una manifestación.

El 15 de diciembre de 2011, Abdulla Al Khalil y su hijo, Muhammad, fueron arrestados frente a su domicilio por un grupo de funcionarios de seguridad, y quedaron detenidos en el departamento de seguridad penal, en celdas separadas. Si bien el hijo recuperó la libertad al día siguiente, Abdulla Al Khalil quedó detenido incomunicado en una celda de aislamiento durante el primer día y se le negó acceso a las instalaciones sanitarias. El segundo día de detención fue interrogado y acusado de difundir información falsa e incitar a la protesta y participar en ella. Durante el interrogatorio se le preguntó sobre artículos que había publicado en su página de Facebook, haciendo referencia a torturas y malos tratos denunciados por sus clientes. Mientras estuvo detenido, el gobernador de Riqqa intentó forzarlo a firmar un documento en el que autorizaba la demolición de su domicilio, pero se negó.

Sus clientes, su familia y quienes trabajan en sus granjas también fueron amenazados e intimidados como parte de una campaña contra el defensor. Como consecuencia, su granja sufrió daños y también pérdidas debido a la merma en el número de clientes que requieren sus servicios. Dos de sus sobrinos, uno de los cuales administra una de las granjas de Abdulla Al Khalil, corre riesgo de ser juzgado por robo de agua. La mayoría de sus familiares tiene causas pendientes ante la corte, debido a que las autoridades los consideran sus partidarios. Pese a todo esto, sigue adelante con su labor de defensa de los derechos humanos y ofrece asistencia legal a un creciente número de manifestantes pacíficos pro democracia.

Front Line Defenders manifiesta su seria preocupación por la campaña de hostigamiento judicial, intimidación y amenazas de muerte que llevan a cabo las autoridades sirias contra Abdullah Al Khalil, defensor de los derechos humanos, y su familia. Front Line Defenders entiende que esta campaña constituye un intento por detener al defensor para que no pueda continuar con su tarea por los derechos humanos, especialmente al proveer asistencia legal gratuita a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las revueltas que se llevan a cabo en Siria.