El 22 de octubre de 2010, aproximadamente a las 23:00 horas, el Sr. Tolon Amataliev, quien preside el Comité de vivienda del distrito Osh, habría agredido al Sr. Umaraly Mamazhanov, defensor de los derechos humanos (de origen uzbeco) en una recepción pública en el Centro de Promoción de los Derechos Humanos. Esta reunión había sido organizada por el mencionado centro junto con una organización denominada “El hombre y el orden”(Man and the order) para ofrecer asistencia legal a las víctimas de los incidentes del mes de junio en el sur de Kirguistán. De acuerdo con el personal presente en la recepción pública, se dirigieron principalmente contra personas de origen uzbeco.

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El Sr. Amataliev, junto con un hombre y una mujer, ingresaron bruscamente en la sala de espera y comenzaron a golpear a Umaral Mamazhanov; él tenía en sus manos balas y amenazó con dejarlas en la oficina y llamar al Departamento Nacional de Seguridad. Lo golpearon ante unos 20 testigos, la mayoría de ellos de origen uzbeco, que no defendieron al Sr. Mamazhanov ya que temían por sus propias vidas. El Sr. Amataliev ya había amenazado al Centro de Promoción de los Derechos Humanos, al afirmar que incendiaría sus oficinas y haría golpear a todo el personal.

Umaraly Mamazhanov presentó una denuncia en el departamento de policía y en la oficina del fiscal en Osh, en la que detalló lo ocurrido en la agresión.

Los ataques a defensores/as de los derechos humanos, especialmente contra aquellos pertenecientes a la etnia uzbeca o contra abogados/as de derechos humanos que representan a convictos uzbecos en la corte, se han convertido en un tema preocupante en el sur de Kirguistán. Front Line ya ha publicado un llamado urgente sobre los ataques recientes contra abogados/as de derechos humanos. Los funcionarios kirguís no reconocen este problema cada vez mayor. Más aún, tienden a negar la veracidad de la información provista por las organizaciones de derechos humanos kirguís.

El 20 de octubre de 2010, se celebró una reunión entre el personal de la organización de derechos humanos Spravedlivost (Justicia) y varios representantes del gobierno kirguís, la policía, abogados y funcionarios de la corte. La reunión fue convocada a solicitud de la Presidente Rosa Otunbayeva. El objeto de la misma fue tratar la seguridad de defensores/as de los derechos humanos y abogados ante la ola de violencia creciente en torno a los procesos judiciales relativos a los incidentes de junio de 2010. La ONG Spravedlivost estuvo representada por Valentina Gritsenko, su Directora, Abdumalik Sharipov (Coordinador de Programa) y Mahamadzhan Abduzhaparov, (abogado). Por el gobierno kirguís participaron el Vice Primer Ministro Azimbek Beknazarov y varios abogados, representantes de la corte y miembros de la policía. También participó de la reunión el Vicepresidente de la Suprema Corte, el segundo del Fiscal General del sur de Kirguistán y el Vice Jefe del Departamento Legal de la Presidencia.

Los funcionarios kirguís afirmaron que la policía y las agencias de cumplimiento de la ley están trabajando muy duro para proteger a los/las abogados/as, asignando cuatro oficiales de la policía a cada uno de ellos. Hicieron hincapié, sin embargo, en que era necesario comprender el estado emocional de los familiares de los muertos durante los hechos del mes de junio. El ombudsman de la región de Jalalabad, Alima Amanova, sugirió que las denuncias de que abogados/as de derechos humanos estaban en riesgo al asistir a la corte y representar a los acusados de participar en los hechos mencionados eran totalmente infundadas y exageradas, y afirmaron que nadie había sido golpeado o atacado dentro o fuera del edificio de los tribunales.

Luego, en una declaración por separado, la ombudsman Alima Amanova acusó a defensores/as de los derechos humanos de mancillar el nombre del país. Afirmó que “algunos/as defensores/as de los derechos humanos acaban de llegar de Ginebra [e] inmediatamente [se apresuraron a] dar a sus socios información errónea”. La Sra. Amanova también anunció que había solicitado al Departamento Nacional de Seguridad y a otros organismos que monitoreen las actividades de las ONG y de defensores/as de los derechos humanos y que no les permitan salir del país.