Posted 2010/10/7

Dublín: agencias de Irlanda manifiestan su preocupación por la seguridad de las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos

En el día de hoy (jueves 7 de octubre) una coalición de ONG irlandesas dio a conocer una carta abierta al Sr. Michéal Martin, Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, en la que expresan su preocupación por la seguridad de defensores/as de los derechos humanos en Colombia.

Texto completo de la Carta Abierta

Estimado Ministro Martin:

Como agencias irlandesas que apoyamos a organizaciones e individuos en Colombia que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la promoción de una sociedad más justa en ese país, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra seria preocupación por la seguridad y la integridad física de los/las defensores/as de los derechos humanos en tres de las ONG colombianas más renombradas y respetadas.

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y el Sr. David Ravelo Crespo, defensor de los derechos humanos, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) trabajan desde hace ya tiempo junto con Christian Aid y Trocaire.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a los/las integrantes de estas organizaciones el beneficio de medidas especiales de protección. David Ravelo Crespo, de CREDHOS, y miembros de CCAJAR también recibieron la atención de “llamados urgentes” publicados por Front Line.

Como Usted sabe, Colombia es uno de los lugares del mundo más peligrosos para activistas de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que exponen a la luz abusos a los derechos humanos.

Lo que es particularmente preocupante, es que pese al compromiso manifestado por el Presidente colombiano D. Juan Manuel Santos –quien asumió recientemente-- en cuanto a la promoción y defensa de los derechos humanos como una “convicción democrática, ética y humana” son escasas las mejoras que se observan en la situación de defensores y defensoras.

Por el contrario, líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil y defensores/as, entre ellos quienes trabajan con Trocaire y Christian Aid, continúan siendo objeto de varias formas de intimidación y violencia.

El Sr. David Ravelo Crespo es vocero de CREDHOS, organización co-parte de Christian Aid, con sede en Barrancabermeja y un destacado y respetado defensor de los derechos humanos. El 14 de septiembre de 2010, el Sr. Ravelo Crespo fue arrestado mediante una orden emitida por la Unidad Antiterrorismo del Procurador General.

La orden de arresto está fundada en los alegatos realizados en el 2008 por un líder paramilitar desmovilizado, que acusó al Sr. Ravelo Crespo de tener lazos con grupos guerrilleros y de haber planeado el asesinato del Sr. David Nuñez Cala [1], entonces Secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja.

Tan pronto como el Sr. Ravelo Crespo supo de estas acusaciones se presentó voluntariamente en la oficina del Procurador General en Barrancabermeja, con el fin de confirmar su inocencia. Hacia fines del 2009, el caso contra el defensor fue transferido de la Oficina del Procurador General en Barrancabermeja a la Oficina Nro 22 de la Unidad Antiterrorista del Procurador General, quien emitió la orden de arresto.

Desde que comenzó la investigación, el Sr. Ravelo Crespo ha sido víctima de un aumento en las amenazas y del espionaje. Los miembros de su familia también se han vuelto blancos de agresiones. En junio de 2010, el hijo del Sr. Ravelo recibió una llamada en el teléfono móvil informándole que habían asesinado a su padre. Desde el arresto, el hijo del Sr. Ravelo y su primo recibieron llamadas que amenazan la seguridad de la familia del defensor [2].

Después de la visita que realizó a Colombia en el 2009, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos dio a conocer su honda preocupación por el patrón de procesos criminales infundados contra defensores/as de los derechos humanos “que es muy dañina para la labor de los/las defensores/as”[3].

También advirtió sobre procesos judiciales contra defensores/as de los derechos humanos fundamentados en “testimonios poco fiables de individuos e informantes desmovilizados a cambio de beneficios legales o pecuniarios.”[4]

Nos preocupa hondamente la seguridad del Sr. Ravelo Crespo, su familia y el personal de CREDHOS, como consecuencia de este proceso judicial. Tal como lo destacó la Relatora Especial, los procesos judiciales infundados tienen como intención primaria desacreditar a los/las defensores/as y la labor que desempeñan. Estigmatizar a defensores y defensoras legítimos/as de los derechos humanos como guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla los ponen en riesgo de convertirse en víctimas de represalias o amenazas de muerte. Más aún, estos procesos judiciales desvían tiempo y recursos de la tarea por los derechos humanos de defensores como el Sr. Ravelo Crespo.

Actualmente, el Sr. Ravelo Crespo está detenido en la prisión La Picota, en el Departamento Cundinamarca, donde también están detenidos varios miembros de grupos paramilitares, con relación a delitos y violaciones de los derechos humanos que CREDHOS –y el mismo Sr. Ravelo Crespo-- han denunciado.

Asimismo, manifestamos nuestra honda preocupación por la salud de Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), quien fue víctima de amenazas.

El 8 de septiembre de 2010, a las 7 de la mañana, dos hombres en motocicleta se le acercaron cuando esperaba un taxi en Bogotá. Lo rozaron con el espejo retrovisor y le dijeron: “esta es una advertencia por meterte en lo que no te incumbe”.

La semana siguiente, una fuente que solicitó permanecer en el anonimato informó a la CIJP que una persona que representa a un grupo de empresarios había pagado a agentes del estado para que espíen a tres integrantes de la CIJP: el Padre Alberto Franco CSsR, Abilio Peña y Danilo Rueda.[5]

De acuerdo con la fuente, la información obtenida sería utilizada en una operación que afectaría la integridad física de estas personas y paralizaría las actividades de la CIJP.[6].

Asimismo, la fuente informó que se pagaba a testigos y se fabricaba evidencia con el fin de armar una causa judicial contra la CIJP.[7]

A comienzos de septiembre, CCAJAR, asociado de Christian Aid y Trocaire, recibieron información de fuentes fiables sobre que alguien estaba armando un complot para asesinar a uno de sus abogados [8], asunto que Front Line ya presentó ante el Departamento de Asuntos Exteriores.

Presuntamente, el complot involucra elementos de inteligencia militar. CCAJAR fue uno de los principales blancos de escuchas ilegales, amenazas y espionaje a manos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno colombiano; también ofrecen representación legal a víctimas de varios casos contra ex agentes de la DAS, miembros de las Fuerzas Armadas y otros funcionarios del gobierno.

En el año 2000, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos solicitó que el estado colombiano adopte “medidas precautorias” específicas para evitar daños serios o irreparables a los derechos humanos de los integrantes de CCAJAR.

Pese a esto, en los últimos meses los/las integrantes de CCAJAR han denunciado que continúa el espionaje, el hostigamiento mediante llamados telefónicos y la intercepción del correo electrónico. Este estudio de abogados se ocupa de los principales casos de violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Recientemente, ha representado a varias familias en casos de desaparición forzada de civiles durante la acción del ejército de retoma del Palacio de Justicia, en el año 1985. Pasada la condena y sentencia del Coronel RE Alfonso Plazas Vargas, en junio de 2010, por su participación en este caso, el presidente saliente Álvaro Uribe Vélez, rechazó públicamente la decisión de la corte.

Este tipo de declaración pública contra procesos judiciales legítimos suma malestar al ambiente hostil en el que se mueven los abogados y abogadas de CCAJAR.

Christian Aid, Front Line, el Congreso de Sindicatos de Irlanda, el Centro de Solidaridad con Latinoamérica y Trocaire desean reafirmar su apoyo a la valiosa labor que desarrollan CCAJAR, CIJP y CREDHOS. No dudamos en que Usted comparte nuestra profunda inquietud ante estas situaciones. Solicitamos a Usted que ponga sobre el tapete estos temas a través de sus lazos con el gobierno colombiano, y que –particularmente-- inste al gobierno de Colombia a que:

- Tome las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad de David Ravelo Crespo y su familia mientras que esté detenido en prisión.

- Asegure que se respeten el debido proceso y la presunción de inocencia en todas las etapas del proceso judicial.

- Transfieran el proceso judicial contra el Sr. David Ravelo Crespo a la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Procurador General.

- Adopte de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de todos/todas los integrantes del CIJP, particularmente la de todas aquellas personas que han sido objeto de amenazas directas o indirectas.

- Asegure que el programa de protección apruebe de inmediato y responda a las medidas de protección solicitadas por la CIJP. Estas incluyen vehículos y equipos de comunicación para sus integrantes en Bogotá y en las regiones de Bajo Atrato, Cauca y Valle de Cauca.

- De inmediato tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de todos/todas los miembros de CCAJAR, de acuerdo con lo manifestado por los propios abogados/as.

- Apoyen de manera pública la labor de CCAJAR y la de todos/todas los/las defensores/as de los derechos humanos y sus organizaciones en Colombia.

Apreciamos todo esfuerzo que realice el gobierno de Irlanda, entre otros a través de la Embajada en México, para promover un diálogo sobre derechos humanos en Colombia, con el fin de que se traten casos específicos que conciernen a determinados/as defensores/as de los derechos humanos. Este reconocimiento es vital para la situación de seguridad de los/las defensores/as de los derechos humanos.

Asimismo, recomendamos a la delegación conjunta de la Unión Europea visitar las oficinas de CCAJAR en Bogotá.

Solicitamos al gobierno de Irlanda que continúe promoviendo el trabajo vital que desarrollan los/las defensores/as de los derechos humanos en Colombia y que siga haciendo hincapié en toda preocupación que concierne a su seguridad, mediante todos los canales disponibles. Solicitamos también que el gobierno de Irlanda, a través de la Embajada en México, siga con atención el desarrollo del juicio a David Ravelo Crespo, y que –de ser posible—asista a las próximas audiencias en calidad de observador.

Lo saludamos muy atentamente.

Margaret Boden, CEO, Christian Aid Irlanda

David Begg, Secretario General, Congreso de Sindicatos de Irlanda

Mary Lawlor, Directora, Front Line

José Antonio Gutiérrez, Investigador, Centro de Solidaridad con Latinoamérica

Justin Kilcullen, Director, Trócaire

Louise Winstanley, Gerente de Programa e Incidencia, ABColombia

Notas al pie:

[1] David Nuñez Cala fue asesinado por la guerrilla en 1991.

[2] Actualización de Front Line “Amenazas contra la familia del Sr. David Ravelo Crespo, defensor de los derechos humanos”, 29 de septiembre de 2010, http://www.frontlinedefenders.org/es/node/13466

[3] Informe de la Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, Margaret Kesaggya. Addendum Mission to Colombia (7-18 September 2009), A/HRC/13/22/Add.3.1 March 2010.

[4] Ibid.

[5] “Hostigamientos y amenazas de muerte contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz”, Constancia, CIJP, 8 de septiembre de 2010, http://bit.ly/9xeIHU ; “Abusos en Curvaradó y plan de desprestigio, de montaje y de plan de un daño irreparable a la Comisión de Justicia y Paz”, Constancia, CIJP, 14 de septiembre de 2010, http://bit.ly/bc4VdI

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Carta al Presidente Juan Manuel Santos, solicitando garantías para los/las integrantes de CCAJAR y sus familias, 11 de septiembre de 2010, http://www.colectivodeabogados.org/Colectivo-de-Abogados-Jose-Alvear,2323

Adjunto:

Carta Abierta sobre la preocupación por los DDH de Colombia

Tamaño: 1.61 MB