Front Line ha recibido información preocupante sobre incidentes recientes de acoso y difamación contra varios integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en particular contra los abogados de derechos humanos Lic. Jorge Wilder Quiroz Quispe y la Lica. Claudia Lecoña y el Dr. Marcelo H. Garcia.

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APDHB es una organización independiente que investiga violaciones de los derechos humanos en Bolivia.

El 17 de agosto de 2010, la Presidenta de APDHB, Sra Yolanda Herrera, publicó un informe denominado “Informe Caranavi” que contenía las conclusiones de APDHB tras la investigación de los incidentes ocurridos el 7 y 8 de mayo de 2010, durante una intervención policial en la región Caranavi. Durante dicha intervención policial, cuyo objetivo era dispersar un grupo de manifestantes que bloqueaba una vía principal, se produjo la muerte de dos jóvenes en circunstancias sospechosas.

Asimismo el 17 de agosto, Jorge Wilder Quiroz Quispe y Claudia Lecoña, un matrimonio de abogados que representan a los familiares de las víctimas de Caranavi y que son miembros de APDHB, presentaron una denuncia en relación con las muertes. La denuncia iba dirigida contra el Sr. Sacha Sergio Llorenti Soliz, Ministro de Gobierno, el Sr Gustavo Torrico, ex-Viceministro del Interior y el General Oscar Nina, Comandante General de la Policía, por el presunto delito de asesinato.

El viernes, 20 de agosto, el Dr. Marcelo H. Garcia, integrante de APDHB, clarificó algunos puntos del informe Caranavi durante una entrevista radiofónica. El lunes siguiente, 23 agosto, cuando regresaba a su trabajo en la Gobernación Departamental de La Paz tras el fin de semana, Marcelo Garcia fue informado sin más explicación de que había sido despedido de su cargo de Oficial Mayor.

El 26 de agosto, durante una conferencia de prensa, el General Oscar Nina declaró que Jorge Quiroz no tenía la ciudadanía boliviana y le acusó de ser un ex-agente de la policial peruana. Asimismo, el General Oscar Nina dijo que investigaría aquellos que "acusen sin pruebas a la Policía".

A primera hora del 27 de agosto, Jorge Quiroz y Claudia Lecoña presentaron una demanda contra el General Oscar Nina, acusándole de discriminación, violación de intimidad y seguridad, y daño psicológico. Asimismo, solicitaron al juez que ordenara que se pusiera fin a este tipo de persecución en su contra. El juez rechazó la solicitud pero recomendó al General Nina abstenerse de realizar declaraciones públicas contra los abogados. Unas horas después, la oficina de Jorge Quiroz y Claudia Lecoña en la calle de Yanacocha fue allanada por agentes policiales, supuestamente para buscar drogas ilegales. Varios ordenadores fueron confiscados aunque según la información recibida, la orden de registro no permitía dicha confiscación.

El 28 de agosto, la residencia del matrimonio de abogados fue allanado por agentes policiales, supuestamente como resultado de una denuncia anónima acusándoles de actos delictivos. Agentes policiales uniformados junto con un agente vestido de civil confiscaron ordenadores además de otros materiales. El allanamiento fue filmado y se ha informado de que en la cinta se puede ver qué material fue colocado en el sitio. Según la información recibida en la cinta se puede ver a una chica vestida de civil entrando en la residencia con una mochila roja. Posteriormente, esta mochila fue “confiscada” por la policía.

El 30 de agosto, el Viceministro del Interior y de la Policía, Marcos Farfán, convocó una conferencia de prensa durante la cual declaró que Jorge Quiroz se encontraba en situación de “estadía irregular en el país” por ser objeto de investigaciones en relación con delitos de narcotráfico. Asimismo, el Viceministro declaró que la Corte Suprema de Trujillo, Perú había emitido una orden de detención contra Jorge Quiroz y que dicha orden había sido transmitida a Interpol en Bolivia para su implementación. En respuesta, el 31 de agosto, Jorge Quiroz organizó una conferencia de prensa durante la cual presentó una resolución judicial de 2007 demostrando que no existía ningún proceso penal en el Perú en su contra. Asimismo, el abogado negó haber sido objeto de orden de detención alguna.

Según la información recibida, el 1 de septiembre se realizó un segundo allanamiento de la residencia de los abogados. Además, Jorge Quiroz se ha visto obligado a presentar documentos en la oficina de migración y dijo haber sido interrogado durante aproximadamente tres horas en relación con su entrada en Bolivia, la manera en que se mantiene y otras preguntas personales. Jorge Quiroz accedió a presentar documentación adicional, incluyendo copias de sus titulaciones.

Front Line considera que las declaraciones públicas, allanamientos e investigaciones realizadas por las autoridades en relación con los defensores de APDHB anteriormente mencionados, constituyen un intento de impedirles proseguir sus investigaciones y de desacreditar su trabajo. Front Line teme por la integridad física y psicológica de los integrantes de APDHB, en particular Jorge Quiroz, Claudia Lecoña y Marcelo Garcia.