Preocupa seriamente a Front Line la detención de Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina, Raúl Hernández Abundio, Orlando Manzanarez Lorenzo y Manuel Cruz Vicoriano, todos ellos miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Fueron arrestados el 18 de abril de 2008 en Ayutla, estado de Guerrero y forman parte de un grupo de quince miembros de la OPIM que estarían en riesgo de ser detenidos en cualquier momento. Desde el 2002, la OPIM ha trabajado en la defensa de los derechos de los indígenas en las comunidades de Ayutla de los Libres y Acatepec, Costa Montaña de Guerrero.
Más información
Publicado el 30/05/2008. El 11 de abril de 2008, el Juez Alfredo Sánchez Sánchez, juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Allende, ordenó el arresto de quince miembros de la OPIM, entre ellos el presidente de la organización Cuauthemoc Ramirez, por el asesinato de Alejandro Feliciano García, quien estaría relacionado con el ejército y sectores de la policía, ocurrido el 1 de enero de 2008. El 18 de abril de 2008, cinco miembros de la OPIM, cuyos arrestos habían sido solicitados, fueron detenidos en una localidad entre Ayutla y la comunidad de El Camalote, y luego fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Ministerial de Investigaciones de Ayutla, donde fueron víctimas de torturas fisicas y psicológicas, para que confesaran un delito que no cometieron. Los detenidos informaron lo ocurrido a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero. El 23 de abril de 2008, el juez emitió la orden de arresto para los cinco detenidos, sin que hubiera pruebas en su contra y sin haberles tomado declaración.
De acuerdo con los informes recibidos, no existe evidencia concluyente en contra de los detenidos; el juez intentó sin éxito impedir que los detenidos recibieran el apoyo de un abogado de derechos humanos local y se negó a tomarles declaración, por lo que su decisión está basada exclusivamente en las pruebas presentadas por la fiscalía. De acuerdo con los cinco detenidos, sufrieron torturas y amenazas una vez que estaban en prisión. Permanecerán detenidos durante todo el tiempo que dure el juicio, sin opción a fianza. De acuerdo con la ley de México permanecerían detenidos por un mínimo de diez meses.
La OPIM ha recibido amenazas durante varios años. Estas amenazas han aumentado desde que la organización comenzó a defender el caso de dos mujeres indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantu, quienes habrían sido violadas por miembros del ejército mexicano en el 202 (estos casos están siendo investigados actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH), y el de la esterilización forzada de catorce hombres me’phaa de la comunidad de El Camalote en el 1998 (caso en el que la CIDH se expidió a favor de las víctimas – caso 66/2007). El 9 de febrero de 2008, Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega y miembro de la OPIM, apareció muerto y con claros signos de haber sido torturado. Si bien es obligatorio hacerlo en estos casos, no se realizó autopsia. Líderes del OPIM como Obtilia Eugenio Manuel siguen siendo hostigados y reciben amenazas de muerte.
Front Line considera que la detención de Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina, Raúl Hernández Abundio, Orlando Manzanarez Lorenzo y Manuel Cruz Victoriano, todos ellos defensores de los derechos humanos, tiene relación directa con su labor en defensa de los derechos humanos, en particular por su tarea en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de México. Front Line manifiesta también su preocupación por la integridad física y psicológica de todos los miembros de la OPIM y sus familiares.
Action Finished:
Esta Acción Urgente ha finalizado ahora. Ya no se requiere actuar sobre este tema. Gracias por actuar en este caso.
Front Line publica Acciones Urgentes a favor de defensores/as de los derechos humanos en riesgo todos los días. Estas Acciones permanecen activas, normalmente, en nuestro sitio web por un período de aproximadamente seis semanas, según el caso. Transcurrido este tiempo, se las archiva. Front Line mantiene un informe de seguimiento sobre todos estos casos, pero no requiere proseguir con acciones pasadas las seis semanas, salvo que hubiese cambios significativos en el mismo.
