Preocupa seriamente a Front Line la información recibida sobre amenazas de muerte contra cuatro defensores de los derechos humanos, ocurridas durante el mes de marzo de 2008. Las víctimas de estas amenazas son: Isabelino Valencia, representante legal de la región de bajo Naya, y Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero y Yimi Armando Jansasoy Muñoz, quienes trabajan en la organización de derechos humanos Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
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Publicado el 01/04/2008. El 27 de marzo de 2008, a las 11:04 horas, la oficina de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Popayán, recibió un llamado telefónico donde una mujer solicitaba los números de teléfono de Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero y Yimi Armando Jansasoy Muñoz. La mujer no identificada dijo: "Llamo para advertirlos nuevamente, se les ha pedido buenamente que se vayan, tengan en cuenta esto, porque es muy en serio” y luego colgó.
El 24 de marzo de 2008, aproximadamente a las 19:00 horas, Isabelino Valencia, junto con Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero, Yimi Armando Jansasoy Muñoz y otros miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia Paz, se hallaban en la ciudad de Cali, donde recibieron una amenaza telefónica que decía: “sabemos que están en Cali … los estamos siguiendo … tengan cuidado con lo que hacen y dicen”. El llamado telefónico habría sido realizado desde una cabina de Sabaneta, en la región de Antioquía.
El 20 de marzo de 2008, se encontró una carta con amenazas en la ventana de uno de los edificios pertenecientes a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, donde se ordenaba a Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero y Yimi Armando Jansasoy Muñoz que se fueran del lugar, y se les advertía que si regresaban los matarían.
El 19 de marzo de 2008, a la hora 01:00, se encontró una carta con amenazas en un edificio perteneciente a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el área de San Francisco Naya. La carta habría estado firmada por un grupo paramilitar conocido como Águilas Negras. Comenzaba con un dibujo de una calavera y un arma de fuego y terminaba con una tumba y una cruz. En ella se ordenaba a Isabelino Valencia y a todos los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que dejaran la región de Naya. El mismo día, aproximadamente a las 10:00 horas, miembros de esta Comisión participaban de un taller comunitario cuando se encontró otra carta en el patio, donde se les advertía que los matarían si continuaban trabajando en ese área. La carta estaba firmada por las Águilas Negras y también incluía el dibujo de una calavera.
Front Line considera que las amenazas de muerte proferidas contra Isabelino Valencia y los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre ellos Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero y Yimi Armando Jansasoy Muñoz, tienen relación con su labor en defensa de los derechos humanos. Fueron obligados a dejar sus actividades en la región de Naya como consecuencia de las amenazas de muerte y actos intimidatorios en su contra. Antes de las amenazas, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se dedicaban a defender los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas del área, especialmente su derecho a proteger la tierra y los recursos naturales de la explotación, y a mantener espacios humanitarios en un contexto de conflicto y violencia. Pese a haber dejado el área, continúan las amenazas contra ellos, por lo que Front Line desea manifestar su seria preocupación por la integridad física y psicológica de Isabelino Valencia, así como también la de Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero, Yimi Armando Jansasoy Muñoz y de todos los/as miembros/as de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Action Finished:
Esta Acción Urgente ha finalizado ahora. Ya no se requiere actuar sobre este tema. Gracias por actuar en este caso.
Front Line publica Acciones Urgentes a favor de defensores/as de los derechos humanos en riesgo todos los días. Estas Acciones permanecen activas, normalmente, en nuestro sitio web por un período de aproximadamente seis semanas, según el caso. Transcurrido este tiempo, se las archiva. Front Line mantiene un informe de seguimiento sobre todos estos casos, pero no requiere proseguir con acciones pasadas las seis semanas, salvo que hubiese cambios significativos en el mismo.
