Colombia: nuevo informe de Front Line documenta los continuos asesinatos de defensores/as de los derechos humanos

En la semana en que un teniente coronel destituido y 14 soldados fueron condenados por el asesinato de diez agentes del grupo de elite de la policía antinarcóticos en una emboscada, sale a la luz un nuevo informe de Front Line, donde se documentan ataques a defensores/as de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas y jueces, lo que ilustra claramente la magnitud del vínculo entre las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y los traficantes de droga. “Pese al aparente éxito de la desmovilización de grupos paramilitares, las matanzas y desapariciones de defensores/as de los derechos humanos continua de manera regular”, declaró Mary Lawlor, Directora de Front Line, quien presidió la misión. “Muchos grupos paramilitares que tienen vínculos con las fuerzas de seguridad siguen operando”, agregó.

Más información

Publicado el 19/02/2008. El panorama es el siguiente: la defensa legítima y pacífica de los derechos humanos está seriamente restringida por los asesinatos, los ataques, las amenazas, el hostigamiento legal y las campañas de desprestigio. Las medidas de protección que implementaron las autoridades colombianas sólo alcanzan a enfrentar una parte de esta situación, que en gran medida tiene su origen en las políticas del gobierno mismo. La situación requiere que se le otorgue a las relaciones internacionales con Colombia una mayor prioridad.

En las últimas décadas, diez mil personas han sido asesinadas arbitrariamente en Colombia por motivos políticos. El temor a ser víctima de un ataque, amenazas y coacción resultan en varios millones de personas desplazadas.

Pese a que la información muestra una disminución en el número de asesinatos de defensores/as de los derechos humanos en los últimos años -paralelamente con el proceso de desmovilización de grupos paramilitares- la actividad paramilitar no ha desaparecido, ni tampoco los asesinatos y amenazas contra los defensores/as. Los grupos paramilitares continúan implementando los mismos métodos de persecución que utilizaban hasta entonces, usando a menudo nombres como “Águilas Negras” y “Nueva Generación”. En los barrios populares de Medellín, se dice que la policía acepta las constantes intimidaciones y delitos relacionados con la presencia de paramilitares. Judith Vergara, dirigente comunitaria fue asesinada el 23 de abril de 2007; Víctor Hugo Gallego, abogado, desapareció el 31 de diciembre de 2007. Los dos trabajaban para la ONG Corpades de desarrollo inmobiliario que había denunciado amenazas.

En Barrancabermeja, un ex comandante paramilitar se refirió a Yolanda Becerra, Presidente de la Organización Femenina Popular como a “una enemiga del proceso de paz”. Fue su organización la que recibió varias amenazas por escrito. El 4 de noviembre, dos hombres armados irrumpieron en el apartamento de Becerra, lo destrozaron, intentaron robar su ordenador y amenazaron con “acabar con su familia”, si ella no se iba.

Del mismo modo, el proceso de desmovilización ha permitido la persecución de defensores/as de los derechos humanos. Tal como queda reflejado en el número de casos que terminaron con asesinatos, de las audiencias especiales, que comenzaron en el 2006, no solo se obtuvieron confesiones, sino también nuevas amenazas contra las víctimas y sus abogados. Las ONG dieron cuenta de 19 de estos asesinatos entre enero y septiembre de 2007.

Gonzalo Guillén, periodista de investigación, ha estado recibiendo amenazas de muerte desde que documentó los supuestos vínculos entre la familia presidencial y los narcotraficantes. Guillén decidió salir del país durante un par de semanas, luego de que el Presidente mismo lo mencionara en octubre de 2007, pero ha recibido nuevas amenazas tanto por teléfono como por correo electrónico, que dejan claro que lo están siguiendo.

Mientras tanto, el conflicto armado interno continúa, lo que aporta un telón de fondo a los graves abusos a los derechos humanos. En los últimos años, las regiones más remotas del país se han visto afectadas por el conflicto. Así, numerosas comunidades indígenas y de afrodescendientes, que viven en estas áreas, han quedado vulnerables a ataques. A menudo, comunidades enteras debieron dejar el área que habitaban. Según se informa, la presión para el desplazamiento es mayor en las zonas en las que existen planes para agricultura a gran escala o en las que están en proceso de ser concesionadas para la extracción de minerales. Luego del desplazamiento, se les hace más fácil a los grandes hacendados o las compañías implementar estos proyectos.

“Estos abusos son cometidos por todas las partes del conflicto, tanto por la oposición armada como por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares”, dijo la Sra. Lawlor. El Presidente Álvaro Uribe y otros importantes funcionarios del gobierno han dado a conocer repetidas declaraciones, en las que ponen en el mismo plano la labor de los/las defensores/as de los derechos humanos y el apoyo a grupos de la oposición armados. Por ejemplo, al dirigirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de su visita a Bogotá, el 17 de octubre de 2007, el Presidente declaró: “Aquí, cada vez que la guerrilla y los suyos sienten que pueden ser derrotados, recurren a una apelación por violación de los derechos humanos. Fin.

Para recibir más información, por favor contáctese con:

Nombre: Jim Loughran. Cargo: Coordinador de Comunicaciones Externas. Número telefónico: 00 353 1 212 37 50. Teléfono móvil: 087 93 77 586. Correo electrónico: jimloughran@frontlinedefenders.org

Adjunto
Colombia Vivir con temor informe de Front Line en inglés
Tamaño 117.57 KB