Bogotá: “los/las defensores/as de los derechos humanos colombianos/as viven con miedo” dijo Mary Lawlor, directora de Front Line
Mary Lawlor, Directora de Front Line, se encuentra actualmente encabezando una misión en Colombia, con el fin de investigar el alto nivel de peligro que enfrentan los/las defensores/as de los derechos humanos. “Los escuadrones de la muerte continúan siendo una amenaza para la vida de los/las defensores/as de los derechos humanos en Colombia”, declaró hoy Mary Lawlor, durante la misión de una semana de duración en ese país. El 15 de octubre, una defensora del Colectivo de Abogados Yira Castro recibió una nota que decía: “Vas a morir el 24 de diciembre”. Esta fue la última en una serie de amenazas recibidas por teléfono, correo electrónico y un allanamiento a las oficinas para llevarse ordenadores. Los escuadrones de la muerte son una continuación de los grupos paramilitares, que fueron oficialmente desmovilizados.
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Publicado el 01/11/2007. “El gobierno de Colombia continúa afirmando que la defensa de los derechos humanos es igual a la actividad guerrillera”, dijo Mary Lawlor, Directora de Front Line. “Los/las defensores/as de los derechos humanos de Colombia brindan un escrutinio independiente, crítico y bien documentado de las políticas del gobierno. Esto es crucial en una sociedad democrática”.
El uso de procedimientos legales infundados es una nueva técnica para evitar la labor de los/las defensores/as de los derechos humanos. En los últimos años, docenas de defensores/as de los derechos humanos fueron acusados de haber colaborado con la guerrilla y resultaron absueltos luego de largos procesos judiciales. Usualmente, el caso se funda en declaraciones no confiables de ex guerrilleros. En septiembre, se emitían órdenes de arresto contra casi todos los miembros del consejo de la ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra), cuyo objetivo es luchar por una vida digna para los/las campesinos/as del valle Cimitarra, en las cercanías de Barrancabermeja, en el centro de Colombia). Cuatro de ellos se encuentran detenidos hoy en la cárcel Modelo, en Bucaramanga.
Las organizaciones que representan a las víctimas están haciendo oír sus reclamos de justicia y reparación, lo que incluye la restitución de las tierras expropiadas ilegalmente por paramilitares. Esta situación los pone en peligro de sufrir persecución o muerte, como fue el caso del asesinato de Yolanda Izquierdo, en la ciudad norteña de Montería, este año. Mary Lawlor dijo: “La desmovilización de los paramilitares fue apoyada por los Estados Unidos y los gobiernos europeos. En consecuencia, ellos deben alinearse con las víctimas a la hora de reclamar que les restituyan las tierras”.
El programa de protección oficial del gobierno colombiano es ineficiente y falto de compromiso. Con frecuencia, subestima los niveles de riesgo y, también, es frecuente que se demore varios años en ejecutar las medidas indicadas por el programa. Por ejemplo, los cristales a prueba de balas para las ventanas de las oficinas de la CREDHOS (Corporación Regional para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos) en Barrancabermeja fueron aprobados y asignados por el gobierno hace varios años, pero todavía no han sido instalados.
Cada vez más, se roban de las oficinas de las organizaciones de derechos humanos documentos y ordenadores. Esta cuestión debe ser tomada seriamente por las autoridades y atendida por la unidad de derechos humanos de la oficina del Fiscal General.
Mary Lawlor está disponible para ser entrevistas por teléfono. Permanecerá en Bogotá hasta el día sábado y, a partir de entonces, podrá ser ubicada en Dublín.