“Los/las activistas de derechos humanos de Uzbekistán y del mundo entero están desilusionados y disgustados ante la decisión de la Unión Europea de reducir las sanciones tomadas contra el gobierno de ese país, en vista de las evidencias contundentes de que el régimen es más opresivo que nunca”, se afirma en la declaración emitida por el Instituto para Informes sobre la Guerra y la Paz (IWPR - Institute for War and Peace Reporting). Los días 15 y 16 de octubre, los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en Luxemburgo decidieron suspender la restricción de visado aplicada a ocho importantes oficiales uzbekos, acusados de haber tomado parte en la sangrienta represión de una manifestación en la ciudad oriental de Andiján, en mayo de 2005.

Texto de la declaración del IWPR

Publicado el 27/10/2007. Si bien las cifras oficiales dan cuenta de la muerte de 189 personas y de más de 500 heridos, -cuando las fuerzas de seguridad de Uzbekistán abrieron fuego sobre una multitud de manifestantes pacíficos en Andiján, en mayo de aquel año- algunos grupos de derechos humanos calcularon que las víctimas fueron casi 800.

Tras el alzamiento, las autoridades uzbekas arrestaron a todo aquel que consideraron que había estado involucrado en la protesta o había sido testigo de la misma, para luego embarcarse en una ofensiva generalizada contra activistas de derechos humanos y otros disidentes en todo el país, a la vez que expulsaron a las pocas organizaciones extranjeras comprometidas con la sociedad civil, el fomento de los medios de comunicación y los –más inofensivos- programas de asistencia cultural.

Los grupos de la sociedad civil están disgustados por la decisión de la UE de levantar casi todas las sanciones contra un país del que se dice que todavía tiene uno de los regímenes más autoritarios del mundo. Surat Ikramov, presidente del Grupo de Iniciativa de Promotores Independiente por los Derechos Humanos de Uzbekistán (Initiative Group of Independent Human Rights Advocates of Uzbekistan), sostuvo que era “absurdo” reducir las sanciones aplicadas, dado que no hay miras de que se conduzca una investigación internacional sobre lo ocurrido en Andiján. “Considero que la UE debe aplicar el tipo de sanciones a las que cualquier estado respondería”, agregó.

“Tal como está la situación” –dijo- “las autoridades de Uzbekistán están muy flexibles, seguramente se avendrán al diálogo y las negociaciones, pero no cumplirán lo pactado”.

Las sanciones de la UE fueron impuestas en noviembre de 2005, con posterioridad a la negativa del gobierno del presidente Islam Karimov a autorizar una investigación internacional independiente sobre la masacre, solicitada, primero por Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas y luego por el gobierno de los Estados Unidos.

Las sanciones incluían la suspensión parcial del Acuerdo de Sociedad y Cooperación que regula las relaciones entre la Unión Europea y Uzbekistán, el embargo sobre la venta de armas de la UE a Uzbekistán y un año de suspensión de visado a los doce importantes oficiales considerados partícipes en el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Pese a la continua negativa de Tashkent a permitir una investigación, y a que gran parte de la evidencia sugiere que no ha habido progresos sustantivos en la situación de derechos humanos, los ministros de relaciones exteriores de la UE levantaron la restricción de visado a cuatro de los doce oficiales mencionados en la lista negra de viajeros, al revisarse las sanciones en mayo de 2007.

Los grupos de derechos humanos que monitorean la situación en Uzbekistán estimaron que la precaria situación de derechos humanos se ha deteriorado aún más después de Andiján, y que no se observan signos de un mejoramiento durante el “diálogo” entablado con Tashkent, luego de que se extendieran las sanciones en noviembre de 2006 (Ver artículo del IWPR: “Should EU End Sanctions Against Uzbekistan?” -¿Debería la UE poner fin a las sanciones contra Uzbekistán?-)

Al explicar su más reciente decisión, en una declaración a la prensa, el Consejo de la Unión Europea sostuvo que “se halla seriamente preocupado por la situación de los derechos humanos en Uzbekistán” y que –por lo tanto- el embargo de armas y la restricción de visado continuaría durante otros doce meses. Sin embargo, con el fin de “alentar a las autoridades uzbekas a tomar medidas positivas para favorecer la situación de derechos humanos” se suspendió la restricción de visado por seis meses.

A su vez, el gobierno de Uzbekistán debe avanzar hacia el cumplimiento de una serie de metas, entre ellas liberar a los activistas de derechos humanos que se encuentra en prisión, permitir que organizaciones no gubernamentales operen con libertad, y conceder visitas a centros de detención a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja.

La UE indicó que ha reducido las sanciones en virtud de las “medidas positivas” tomadas por el gobierno uzbeco, tales como su mejor disposición al diálogo, el mantener “charlas de expertos” sobre Andiján, y la libertad condicional concedida a Unida Niazova y Gulbahor Turaeva, defensoras de los derechos humanos, quienes habían sido encarceladas a principios de año, tras juicios viciosos.

Los ocho oficiales de seguridad uzbecos que permanecen en la lista son considerados “responsables directos por uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza en Andiján, y obstrucción de una investigación independiente”, según reza la declaración de la UE, pero ahora son libres de viajar por Europa durante los próximos seis meses, y más tiempo aún si los jueces de la UE evalúan que han habido progresos.

Los oficiales de que se trata son: Rustam Inoyatov, jefe del Servicio Nacional de Seguridad, Ruslan Mirzoev, actual Ministro de Defensa y ex consejero del Consejo de Seguridad Nacional, General Vladimir Mamo, vice comandante de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior, Coronel Gregory Pak, comandante de las Fuerzas de Respuesta Rápida del Ministerio, Coronel Valery Tajiev, jefe de la unidad de Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior, y el Coronel Pavel Ergashev, quien –a diferencia de los otros- comandaba una unidad del ejército dependiente del Ministerio de Defensa.

Son dos los oficiales retirados que figuran en la lista: Zokirjon Almatov, ex ministro del interior, y Tohir Mullajonov ,su vice ministro de entonces.

Según Human Rights Watch y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (Organization for Security and Cooperation in Europe), promotores de derechos humanos y miles de personas que fueron encarceladas acusadas de extremismo religioso aún languidecen en las prisiones uzbekas. En los últimos años, varios informes documentaron juicios viciosos, casos fabricados y, con frecuencia, torturas a los detenidos.

“Argumentan que, si el gobierno uzbeco está descontento, no es posible tratar el tema derechos humanos”, dijo Holly Cartner, de Human Rights Watch. “Pero la razón de las sanciones no es entablar un diálogo vacío, sino lograr un cambio de conducta, y es a este respecto que Tashkent sólo retrocede, entre otras cosas, manteniendo bajo custodia a 13 defensores/as de los derechos humanos.

Un analista de la política de Tashkent comentó que la reducción en las sanciones no debe ser entendida como un premio por los progresos logrados, sino como un incentivo para que el gobierno uzbeco se esfuerce un poco más, de ahora en adelante.

“Es como una señal de que ellos deben encauzar la situación y reflexionar en esa línea. Europa siempre está abierta al diálogo, y si Uzbekistán lleva a cabo acciones para alcanzar las metas requeridas, en ese caso podrá recibir algo [a cambio]”, afirmó.

Vitaly Ponomarev, experto en Asia Central que colabora con Memorial, el grupo de derechos humanos ruso, no cree que la decisión de la UE esté sustentada en motivos tan nobles. En cambio, argumenta que el hambre europeo por energía proveniente de Asia Central toma prioridad sobre los derechos humanos.

“Es un intento de algunos miembros de la UE, de usar la reducción de sanciones para expandir su presencia geopolítica”, dijo al IWPR. “Apenas podemos esperar un efecto positivo en términos de mejoras en la situación de derechos humanos”.

En junio, la UE aprobó una nueva estrategia para Asia Central. Creada durante la presidencia alemana, su objetivo es construir presencia política e influencia de la UE en la región, y buscar el acceso a los recursos energéticos.

Uzbekistán es un gran productor natural de gas, cuyo grueso se exporta a Rusia, a su vez el mayor proveedor de Europa.

Luego de la reunión de la UE, Benita Ferrero-Waldner, Comisionada Europea para Relaciones Exteriores, confirmó que las sanciones fueron reducidas en el contexto de un nuevo acercamiento a Asia Central.

“Creo que por lo menos debemos intentarlo… se trata del país con mayor población [de la región], es un país dentro de nuestra estrategia para Asia Central; no creo que debamos dejarlo fuera. Considero que debemos comprometernos con ellos y trabajar claramente, paso a paso, para mejorar la situación de derechos humanos”, dijo, según la cita RFE/RL(Radio Free Europe/Radio Liberty).

Alemania hizo uso de su presidencia en la UE para cabildear con el fin de que se levantaran todas las sanciones, pese a que contaban con la oposición de otros gobiernos miembro. La perspectiva oficial alemana sobre las sanciones fue, aparentemente, correcta desde el principio, cuando permitió que Almatov visite el país para seguir un tratamiento médico, en noviembre de 2005.

Algunos analistas afirman que el único resultado de las sanciones de la UE sobre el gobierno uzbeco ha sido la restricción de las actividades de las organizaciones internacionales y los medios de comunicación extranjeros, mientras se sigue reprimiendo a los disidentes.

Akylbek Saliev, director de Instituto de Asia Central para el Análisis Estratégico y la Prognosis (Central Asian Institute for Stategic Análisis and Prognosis), con sede en Bishkek, declaró que la restricción del visado y el embargo de armas “se ven ridículas” y que “no tienen impacto real sobre las autoridades o la población”.

“Esto es así porque Uzbekistán obtiene la mayoría de las armas desde Rusia, y no desde Europa, mientras que los oficiales a quienes se les prohíbe la entrada a Europa no tienen relevancia en la concertación de pactos económicos”, dijo.

El mes pasado comenzó una nueva ronda de arrestos masivos en Uzbekistán, en lo que se describió como una limpieza antiterrorista. Observadores locales comentaron que muchos de los cargos fueron, a todas luces, fabricados.

“El gobierno de Karimov no considera a los derechos humanos como una prioridad. La persecución y la opresión continúan”, dijo un periodista uzbeco que solicitó quedar en el anonimato. “Albergaba una última esperanza en que las sanciones de la UE harían que las autoridades se volvieran receptivas sobre este tema. Me preocupa mucho el levantamiento de las sanciones.

En las calles de Tashkent, muchas personas parecían no conocer la noticia sobre la reducción de las sanciones, la pesada censura impuesta a los medios lleva a que, simplemente no se enteraran.

Un ciudadano local que conocía la existencia de las sanciones declaró que la decisión de levantar la mayoría de ellas no motivará cambios en el modo de actuar del gobierno.

“Quitar las barreras no es un incentivo”, dijo. “Si no hay barreras, ningún oficial uzbeco tendrá temor, y seguirán actuando de manera similar a lo que hicieron en Andiján. Es a esto a lo que le tememos”.

Inga Sikorskaya es editora de IWPR en Bishkek

Declaración sobre las sanciones de la UE a Uzbekistán en inglés [0]