Front Line manifiesta su profunda preocupación por los informes recibidos acerca de la decisión del gobierno de clausurar las oficinas de la Asociación por los Derechos Humanos y Asistencia Legal (Association for Human Rights and Legal Aid – AHRLA) en El Cairo. La AHRLA brinda asistencia legal a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Egipto.
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El 7 de septiembre del 2007, el gobierno egipcio habría emitido un decreto para cerrar las oficinas de la AHRLA en El Cairo. La orden fue emitida por el Ministerio de Asuntos Sociales y fundamentada en acusaciones de malversación financiera, de acuerdo con el Artículo 17(2) de la Ley 84/2002, que establece que las asociaciones no podrán aceptar fondos del exterior sin la autorización explícita del ministerio. Adquirir o distribuir fondos, violando el Artículo 17 es motivo para la disolución involuntaria de una asociación y da origen a castigos en materia de delito penal de hasta seis meses de prisión (Artículos 42, 76). De acuerdo con los informes de la AHRLA, siempre habían cumplido con los requerimientos del ministerio, al solicitar la aprobación de fondos que llegaban de agencias donantes internacionales.
Luego de la decisión del gobierno de clausurar la AHRLA, numerosos representantes de las organizaciones civiles de la ciudad se reunieron para protestar en los alrededores de las oficinas cerradas. También entregaron una declaración de prensa, donde afirman que pasarían a la acción de cumplirse con lo indicado en el decreto. La AHRLA ha declarado que apelará la decisión ante la Corte Administrativa.
Preocupa a Front Line que no se trata de un caso aislado. En abril del 2007, fueron clausuradas por el gobierno tres sedes del Centro de Sindicatos y Servicios para los Trabajadores (Centre for Trade Unions and Workers Services - CTUWS), en las ciudades de Mahalla, Naj-Hamadi y Helwan. La CTUWS es una organización civil independiente, que apoya la creación de un movimiento sindical independiente y asiste a grupos vulnerables de trabajadores, entre ellos a las mujeres. CTUWS es miembro de la Alianza Nacional de la Sociedad Civil para el Control de las Elecciones (National Civil Society Alliance to Monitor the Elections). El 22 de abril del 2007, se emitió un decreto para cerrar la sede principal del CTUWS en Helwan. Se habría acusado al Centro de incitar a los trabajadores a la huelga y a organizar manifestaciones, que se llevaron a cabo en diciembre del 2006 y enero del 2007.
La Ley Nro.84 de Egipto, que regula las organizaciones no gubernamentales, fue aprobada en junio del 2002 por el Consejo Shura (Asamblea Popular). La legislación proveería al Ejecutivo de una serie de controles políticos sobre la labor de las ONG, entre ellos la restricción del acceso a fondos del exterior, recortando así la capacidad de unirse con otras asociaciones internacionales, y amplios poderes para disolverlas. El Artículo 1 de la Ley indica la inscripción obligatoria para todos los grupos de más de diez miembros que se forman “con un propósito distinto de obtener ganancias reales”. Los informes indican que al inscribirse, a menudo las ONG debían lidiar más con la Oficina de Seguridad del Estado que con el Ministerio de Asuntos Sociales. En algunos casos, la Seguridad del Estado habría intentado convencer a las ONG de que se inscriban como asociaciones de acuerdo con la ley, de modo de poder controlarlas. Preocupa a Front Line que la decisión del gobierno de clausurar las oficinas de AHRLA esté directamente relacionada con la labor pacífica y legítima de la organización en defensa de los derechos humanos en Egipto. Preocupa aún más el hecho de que podría formar parte de una campaña en marcha contra los/las defensores/as de los derechos humanos en el país.