En el 2010, en algunos países aumentó el número de denuncias de hostigamiento a defensores/as de los derechos humanos, entre ellos Bahréin y Arabia Saudita. Además de los arrestos y detenciones arbitrarios, los procesamientos maliciosos y los juicios injustos, se siguieron aplicando contra los/as DDH de Medio Oriente y el norte de África restricciones a la libertad de tránsito y el monitoreo sistemático de Internet. También hubieron numerosos casos de DDH que debieron salir de sus países para evitar ser arrestados/as o procesados/as.

El uso del sistema judicial contra los/as DDH se extendió especialmente por todos los países de la región. DDH y periodistas fueron acusados y juzgados en Bahréin, Egipto, Irán, Israel, Libia, Kuwait, Marruecos, Túnez, Palestina, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Sahara Occidental y Yemen. Las acusaciones van desde terrorismo y subversión a difamación y participación en protestas no autorizadas. En el 2010 aumentó el número de denuncias de DDH hostigados/as por las autoridades en Arabia Saudita. Un defensor fue acusado y sentenciado a prisión y latigazos en público por organizar una protesta pública en el pueblo de Qubba. Otros cuatro DDH fueron detenidos, y en un caso especialmente preocupante, un DDH permanece incomunicado desde el año 2007 sin que se levanten cargos. En Siria, hubo una serie de denuncias de detenciones arbitrarias y procesamientos judiciales sobre la base de cargos fabricados. Dos destacados DDH fueron sentenciados a tres años de prisión, en junio y julio respectivamente, consecuencia de juicios injustos. Ali Saleh Al-Abdallah, defensor de los derechos humanos, permanece detenido pese a que la condena que le aplicaron a fines de 2007 se cumplió a fines de junio de 2010.

La utilización del sistema jurídico contra los/as DDH suele acompañarse con una legislación restrictiva, fenómeno que puede observarse particularmente en esta región. En el 2010 Egipto presentó un proyecto de ley para incrementar aún más el control del gobierno sobre la membrecía, administración y financiamiento de las ONG, prohibiendo que estas organizaciones se inscriban como sociedades comerciales, un recurso que utilizaban para mantenerse independientes. En junio 2010, Túnez estableció que es delito penal “el contacto con agentes de un país, instituciones u organizaciones del exterior” porque podría afectar los intereses vitales del país o su seguridad económica, en una movida que se teme permita el procesamiento judicial de defensores/as que cooperan con organizaciones del exterior o multilaterales, entre otras de la UE y la ONU.

El monitoreo de Internet y las comunicaciones electrónicas también fue moneda corriente. Como consecuencia del intenso control sobre Internet, fueron blanco de agresiones varios bloguistas y personas que contribuyen con sitios web de noticias on line tanto en Bahréin como en Egipto, Irán, Kuwait y Arabia Saudita. En Bahréin, Ali Abduleman, bloguista, fue arrestado el 4 de septiembre de 2010 en un arresto que tuvo estrecha relación con la ofensiva generalizada contra la sociedad civil que precedió a las elecciones de octubre. Aproximadamente 400 personas fueron arrestadas entre agosto y septiembre, entre ellos por lo menos diez defensores/as de los derechos humanos, acusados de delitos vinculados al terrorismo. Observadores internacionales consideraron que los juicios fueron injustos. Muchos de los detenidos, entre ellos/as DDH, denunciaron haber sufrido torturas, pero estas alegaciones no se investigaron seriamente. La mayoría de los detenidos quedó libre en el mes de febrero luego de la ola de protestas regionales que también llegó a Bahréin.

En una apuesta por limitar las críticas en el ámbito internacional, los periodistas pagaron un precio alto por denunciar los abusos y el recorte de las libertades, al igual que en muchas otras regiones del mundo. Front Line denunció casos de hostigamiento de periodistas en Irán, Arabia Saudita, Siria y Yemen. En Irán, Jila Baniyaghoub fue sentenciada en el mes de junio de 2010 a un año de cárcel e inhabilitada para ejercer su profesión durante 30 años. No fue la única atacada por el régimen; muchos/as defensores/as de los derechos humanos, miembros de la oposición y muchos abogados/as fueron detenidos/as arbitrariamente, acusados y sentenciados a prisión e inhabilitados para ejercer su profesión. Otros/as DDH debieron salir del país.

En Palestina, los/as DDH que se manifestaban contra el muro y su impacto negativo sobre los derechos económicos y sociales de los palestinos fueron víctimas del uso de la fuerza de forma excesiva, y a veces letal, arrestos arbitrarios, maltratos y juicios injustos. La labor a favor de los derechos humanos se ve dificultada por las severas limitaciones impuestas a la libertad de tránsito. En Israel, los grupos de derechos humanos que defienden los derechos del pueblo palestino y documentan las violaciones perpetradas por el ejército israelí fueron sujetos a presiones continuas y campañas de difamación por parte de las autoridades israelís y de sector de mano dura del parlamento israelí.

La detención arbitraria y el maltrato aumentaron en Sahara Occidental en noviembre de 2010 en conexión con la incursión de las fuerzas de seguridad y ejército marroquí sobre campamentos de familias saharauis desplazadas cerca de Laayoune. En aquella oportunidad por lo menos cinco DDH fueron esposados o arrestados, varios/as DDH saharauis fueron llevados a juicio después de permanecer detenidos preventivamente por largos períodos, y grupos leales a las autoridades marroquíes hostigaron en la corte a sus abogados y los/as observadores internacionales.