Jamaica
Los/as defensores/as de derechos humanos en Jamaica continúan enfrentando hostilidades provenientes de todas las direcciones. Son acusados/as por las autoridades de “interferencia ilegal” y vistos/as por el público como “causantes de problemas” o “agitadores”. Las libertades de expresión y de prensa han sido amenazadas y existen reportes según los cuales los/as periodistas que denuncian las ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar con frecuencia en Jamaica son observados y amenazados con procesamientos legales. Los/as defensores/as que denuncian las ejecuciones extrajudiciales reportan que regularmente reciben amenazas de muerte por parte de la policía. No hay un aparato estatal efectivo para reportar las violaciones cometidas por las autoridades y los perpetradores de violaciones a los derechos humanos con mucha frecuencia se benefician con la impunidad. La propia Federación Jamaiquina de Policía (Jamaican Police Federation) ha señalado a los defensores/as como “agentes de provocaciones”, los ha acusado de “calumniar a la policía y al Estado” y ha exigido del gobierno la penalización de los/as defensores/as bajo cargos de “sedición”.
Algunos informes que han calificado las condiciones de detención en algunos casos las han calificado de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y los/as defensores/as que han denunciado en voz alta estos abusos enfrentan persecución legal.
En particular riesgo se encuentran los/as defensores/as de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). La homofobia en la sociedad jamaiquina es rampante y se ha documentado el incremento de patrones de violencia homofóbica. Muchos/as defensores/as han sido forzados a trabajar clandestinamente debido al aumento de ataques contra la comunidad LGBT y al acoso policial. Las lesbianas, los gays y las personas VIH positivas, así como los/as defensores/as que luchan por los derechos de los LBGT, enfrentan acoso verbal y físico (que van desde amenazas de muerte hasta asaltos brutales y el asesinato), denegación del acceso a los servicios (de salud e incluso de transporte) y estigmatización. Hay hostilidad y falta de voluntad por parte del gobierno para tratar los asuntos relacionados con la violencia contra la comunidad LBGT.