India
Casos Activos
Existe un activo y diverso rango de organizaciones no gubernamentales en India, la mayoría de las cuales goza de un importante grado de libertad de asociación y de expresión. Sin embargo, subsisten serias preocupaciones sobre la protección y la seguridad de los/as defensores/as que trabajan en algunas áreas y sobre temas específicos. En algunos casos, los/as defensores/as son sometidos a detenciones arbitrarias y, en otros, su seguridad personal se encuentra en riesgo. En particular, los/as defensores/as que denuncian abusos a los derechos humanos cometidos por fuerzas policiales y militares y los/as defensores/as que realizan campañas en pro del derecho a la tierra o ambientales han sido blanco de amenazas. De acuerdo con la Relatora Especial de la ONU para Defensores de Derechos Humanos, “los defensores en la India se encuentran activos en una amplia gama de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, tales como la discriminación por castas (clases sociales de la India), derechos de la niñez, asuntos ambientales, globalización y derechos humanos, derecho a la vivienda, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la población LGBT, derechos de las mujeres y trata de personas”.
También se incluyen a defensores/as que abogan por la no discrminación de los dalits, adivasis y otros pueblos indígenas, así como aquellos que luchan por los derechos humanos en Jammu, Cachemira y otras áreas de tensión social. Una barrera potencial a la libertad operacional de las ONG de derechos humanos es la Ley que Regula la Contribución Extranjera (2006, Foreign Contribution Regulation Bill) la cual, si es adoptada, restringiría significativamente el financiamiento de las ONG. La libertad de reunión es garantizada por la Constitución Política, pero limitada en la práctica, como sucedió, por ejemplo, con las manifestaciones contra el impacto socio-ambiental del proyecto de la Represa de Narwada, reprimidas por la policía a través del uso excesivo de la fuerza. Los/as defensores/as que trabajan sobre éste y otros temas han sido sometidos a restricciones en la libertad de movimiento, detenciones arbitrarias, encarcelamiento, procesamiento judicial y legal, torturas y malos tratos mientras se encuentran en custodia policial, hostigamientos, amenazas, ataques y ejecuciones extrajudiciales. Según la Relatora Especial de la ONU, existe un patrón evidente de impunidad en los casos de violaciones cometidas contra defensores/as de derechos humanos.