Los/as defensores/as de derechos humanos en Guatemala son sometidos a amenazas de muerte, ataques físicos, actos de acoso, vigilancia, estigmatización, persecución judicial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos. Muchas de estas violaciones son llevadas a cabo por organizaciones de seguridad clandestinas y grupos ilegales.

En la Guatemala del post-conflicto ha habido un marcado incremento en los ataques contra defensores/as de derechos humanos desde el año 2000, con un significativo aumento en el número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos, pese a la firma de los acuerdos de paz en 1996. Al tiempo que el número de ataques contra los defensores/as de derechos civiles y políticos continúa en un nivel grave, se ha presentado un dramático incremento en los ataques contra los/as defensores/as de derechos económicos, sociales y culturales.

De acuerdo con el informe sobre la situación de los defensores/as de derechos humanos de la Relatora Especial de la ONU, los/as defensores/as en Guatemala pueden ser clasificados según los derechos por los que luchan: “campesinos, religiosos, LGBT, indígenas, mayas, sindicalistas y aquellos que buscan la verdad. Un largo porcentaje de ellos está dedicado a investigar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado y otros trabajan en la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos de los pueblos indígenas”.

Los/as defensores/as de derechos humanos se enfrentan a una tendencia creciente en relación con la seguridad de sus casas y organizaciones, las cuales son frecuentemente objeto de allanamientos. Desde 2004, los/as defensores/as también encaran una forma de persecución que ha sido calificada como la “criminalización de la defensa de los derechos humanos”, a través de la cual tanto los/as defensores/as activos en el área de derechos humanos como aquellos que ejercen su derecho a la libertad de reunión a través de marchas y protestas, han sido blanco de ataques y afrontan cargos criminales.

Otro grupo de defensores/as está constituido por funcionarios judiciales que trabajan en la defensa de los derechos humanos e incluye a jueces, fiscales, defensores públicos y comisarios policiales. En algunas secciones de la comunidad de defensores/as de derechos humanos existe resistencia a ser identificados como tales, pues esto conlleva connotaciones negativas ya que los/as defensores/as han sido etiquetados como el enemigo interno, como comunistas, o como colaboradores de la guerrilla.

Aún prevalece en Guatemala un clima de impunidad con respecto a las violaciones de derechos humanos, pese al establecimiento de la Unidad Gubernamental de Coordinación para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Funcionarios Judiciales, Comunicadores Sociales y Periodistas. En noviembre de 2006, Front Line y el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de Guatemala lanzaron un nuevo informe, titulado “Front Line Guatemala: Ataques contra Defensores de Derechos Humanos 2000 – 2005”. La Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani, llevó a cabo una visita oficial a Guatemala entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2002. Y aunque tenía previsto adelantar una misión de seguimiento en octubre de 2006, ésta fue pospuesta por solicitud del gobierno.