Etiopía
En Etiopía, los/as defensores/as de derechos humanos llevan a cabo su trabajo a pesar de las amenazas, actos de intimidación, restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión, acoso judicial, arrestos arbitrarios, violentas golpizas, malos tratos, torturas y asesinatos.
La representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Etiopía y Eritrea (UN SRSG) plantea en su informe sobre la situación de los/as defensores/as de derechos humanos que “hay un amplio rango de individuos y organizaciones que trabajan por la promoción y protección de los/as defensores/as de derechos humanos en Etiopía. Cada uno de ellos tiene su propia metodología (una mayor concientización, educación, cabildeo, monitoreo, información, asistencia legal) y enfoque sobre asuntos generales o específicos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, el estado de derecho o los derechos relacionados con la democracia”.
Las ONG de derechos humanos han enfrentado obstáculos particulares a la hora de registrarse, pues un aviso ministerial fue introducido por el Ministro de Justicia en septiembre de 2006, los términos del cual pueden ser enmendados sin la aprobación gubernamental o constitucional. El aviso establece que, con el objeto de garantizar una licencia de trabajo, las ONG deben presentar sus propuestas a un comité de ocho representantes gubernamentales y firmar un acuerdo con las agencias gubernamentales más relevantes. También hay reportes según los cuales el trabajo independiente de las ONG de derechos humanos ha sido socavados mediante el establecimiento de ONG pro-gubernamentales.
Adicionalmente los/as defensores/as y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos son estigmatizadas y afectadas por la legislación antiterrorista, la cual ha sido usada para desautorizar a los/as defensores/as y su trabajo.
Después de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en mayo de 2005, muchos/as defensores/as de derechos humanos, activistas de la sociedad civil, periodistas y políticos de partidos de oposición fueron perseguidos y encarcelados masivamente, luego de las marchas de junio de 2005 y noviembre del mismo año, durante las cuales la policía aseguró que había disparado a más de 40 manifestantes.