Medio Oriente y Norte de África

Los obstáculos para el trabajo de los/as defensores/as de derechos humanos han incluido asesinatos, detenciones arbitrarias y acoso judicial, así como amenazas e intimidación cotidianas. Las formas de represión varían a lo largo de toda la región. En Iraq, los/as defensores/as han sido asesinados, mientras que las detenciones arbitrarias y los procesamientos motivados por razones políticas ocurren en Algeria, Bahrein, Líbano, Libia, Siria, Túnez, Sahara Occidental, Yemen, Arabia Saudita, Omán y Egipto. Las autoridades israelías también han amenazado, atacado y detenido arbitrariamente a defensores/as en los Territorios Palestinos Ocupados.

A pesar de algunos ligeros síntomas de progreso, las libertades de expresión y reunión son casi inexistentes en muchos países de la región. Ha habido algunas mejorías leves en Arabia Saudita; pero, en general, el clima continúa siendo de opresión para los/as defensores/as de derechos humanos tanto en Omán como en Libia. En los Emiratos Árabes Unidos se han observado algunos retrocesos. En Bahrein ha sido introducida una nueva legislación represiva y el carácter impreciso de la legislación para “proteger la seguridad del Estado de actos terroristas” hace probable que ésta sea usada contra los/as defensores/as. El gobierno de los Emiratos Árabes permitió el registro de la Asociación de Derechos Humanos de Emiratos Árabes Unidos, pero a otros grupos independientes les ha sido impedido el registro y los/as defensores/as de derechos humanos están sujetos a detenciones arbitrarias, persecuciones y otros actos de intimidación.

En Iraq, la escalada del conflicto y la inseguridad resultante hacen muy peligrosa la situación para los/as defensores/as de derechos humanos, quienes frecuentemente son acusados de actuar en nombre de poderes externos o de contribuir a la inestabilidad del país. El asesinato o el secuestro son un riesgo diario.

En Irán se han implantado severas restricciones para el registro de ONG, particularmente para los grupos de mujeres, e individuos y defensores/as de derechos humanos que critican al gobierno están en riesgo de ser arrestado. La vaga redacción de los delitos de “actuar contra la seguridad nacional” son usados para amenazar defensores/as de derechos humanos, quienes están en riesgo de ser torturados o de recibir malos tratos en prisión. La Policía disolvió violentamente una manifestación organizada por grupos de mujeres y estudiantes que protestaban contra las leyes discriminatorias contra la mujer, setenta personas fueron arrestadas y mantenidas en la prisión de Evin durante varios días antes de ser liberadas. Varios procesamientos legales permanencen pendientes.

En algunos países, entre ellos Algeria, Egipto y Siria, persisten legislaciones represivas expedidas en el marco de estados de excepción. En Algeria, pese al perdón emitido en favor de los periodistas convictos por insultar al Presidente o a las instituciones del Estado, el progreso real es poco. Ese perdón sólo cubrió a los/as defensores/as ya condenados y no previene el comienzo de nuevas persecuciones bajo el amparo de la misma ley. Los/as defensores/as que hacen campaña por el fin de la impunidad o en favor de investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, como desapariciones forzadas, continúan siendo amenazados.

En el Sahara Occidental continúa la grave represión contra defensores/as por parte de las autoridades marroquíes, donde un gran número de ellos se encuentra en prisión. En Túnez, las actividades de los/as defensores/as siguen siendo restringidas severamente: se encuentran bajo vigilancia constante y muchos enfrentan la posibilidad de ser detenidos. A las organizaciones de derechos humanos se les impide llevar a cabo reuniones y los/as defensores/as son atacados y golpeados por oficiales de la Policía sin que hasta ahora se haya tomado ninguna acción para castigar a los perpetradores de esos ataques.

En Libia, no hay espacio para el trabajo de los/as defensores/as y la creación y funcionamiento de ONG sigue estando prohibida. Los/as defensores/as que riesgosamente se afilian a organizaciones internacionales enfrentan la posibilidad de ir a prisión o incluso de ser condenados a pena de muerte.

En Egipto, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para tomar el control de la sociedad civil y ha impuesto restricciones sobre las actividades de ONG nacionales e internacionales.

En Jordania, fue introducida una nueva ley represiva en respuesta a la “guerra contra el terrorismo” y existen temores de que debido a la vaguedad con que fue redactada, pueda ser usada para amenazar o perseguir a defensores/as de derechos humanos. En el Líbano, los/as defensores/as que han solicitado investigación por los abusos a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas han sido acosados, mientras que los grupos que promueven el diálogo entre palestinos y libaneses han recibido amenazas de muerte de los grupos armados de oposición. En Siria, aún persiste la legislación expedida durante el estado de emergencia y el año 2006 estuvo marcado por una ola de arrestos contra defensores/as de derechos humanos, periodistas e intelectuales. En Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, han sido impuestos serios obstáculos a la libertad de movimiento de los/as defensores/as, los cuales, sumados a las dificultades para el registro y la obtención del permiso de trabajo de las ONG, dificulta en gran medida el trabajo de los/as defensores/as. Un buen número de defensores/as ha sido puesto bajo “detención administrativa” en los Territorios Palestinos Ocupados, con órdenes que pueden ser renovadas indefinidamente. Esta práctica es ampliamente reconocida como contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.