Birmania (Myanmar)

Casos Activos

Birmania: Front Line condena la dura sentencia contra miembros del grupo Generación ’88 y otros/otras defensores/as

Preocupa seriamente a Front Line la información sobre las sentencias dictadas a catorce miembros de la Generación ’88, el 11 de noviembre de 2008. Las sentencias son a sesenta y cinco años de prisión y obedecen a su participación en protestas masivas realizadas en agosto-septiembre de 2007. Mie Mie Nilar Thein, Ko Jimmy (alias Kyat Minn Yu), Min Zaya, Zaw Zaw Min, Than Tin (alias Kyi Than), Zayar (alias Kalama), Ant Bwe Kyaw, Kyaw Kyaw Htwe (alias marka), panéate Tun, Thet Zaw, Mar Mar Oo, Sandar Min (alias Shwe) y Thet Thet Aung son miembros destacados del grupo. Otros/as 20 miembros de Generación ’88, entre ellos Min Ko Naing, Ko Ko Gyi y Htay Kyew todavía esperan sus sentencias. Otros/as activistas de derechos humanos de Birmania tales como Nay Myo Kyaw (alias Nay Phone Latt) también recibieron sentencias severas por su papel en las demostraciones contra el gobierno del año 2007.  Read More

Las restricciones impuestas por el régimen militar autoritario en el gobierno, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (the State Peace and Development Council – SPDC), hacen casi imposibles las actividades relacionadas con los derechos humanos en Birmania. Las libertades de reunión, asociación y expresión están drásticamente limitadas. Los activistas en favor de la democracia que abogan por los derechos civiles y políticos, los/as defensores/as que critican la acción gubernamental (en la que se incluyen el trabajo forzoso y la confiscación de tierras por parte de autoridades locales) y quienes defienden los derechos de los/as prisioneros/as políticos/as o las minorías étnicas, son blanco de amenazas y hostigamientos.

A pesar del severo régimen del SPDC, la ONU informa que pequeños grupos de derechos humanos continúan activos. Sin embargo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Birmania, a quien no se le ha permitido visitar el país desde noviembre de 2003, ha hecho referencia a “la criminalización del ejercicio de las libertades fundamentales” de los/as defensores/as de derechos humanos. Las vagamente redactadas y ampliamente interpretadas ofensas contra la seguridad del Estado, conllevan duras penas y son utilizadas contra los/as defensores/as que denuncian la acción de las autoridades.

La libertad de asociación es prácticamente inexistente en un contexto de derechos humanos, pues según se ha informado el SPDC ha prohibido operar en el país tanto a las ONG nacionales como internacionales de derechos humanos. En cuanto a la libertad de asamblea, las reuniones de más de 5 personas son prohibidas por la ley. La libertad de expresión en todos los medios es extremadamente limitada. Los medios impresos y televisivos son firmemente controlados, mientras que las restricciones y vigilancia en el uso y contenido del Internet son severas. Algunas personas han sido arrestadas por distribuir la Declaración Universal de Derechos Humanos y por reportar casos de trabajo forzoso a la Organización Internacional del Trabajo. Muchos/as defensores/as han sido objeto de acosos, asaltos, detenciones arbitraries, detenciones en situación de incomunicación, encarcelamientos prolongados sin juicio alguno, detenciones sin acceso a apoyo legal, confinamientos solitarios por largos períodos, malos tratos y torturas mientras se encuentran detenidos (incluida la negación a recibir tratamiento médico) y detenciones domiciliarias durante largo tiempo. Las familias de los/as defensores/as también han sido blanco de amenazas y persecuciones. Muchos/as defensores/as han sido forzados al exilio.