República Democrática del Congo (DRC)

En la transición post-conflicto en la República Democrática del Congo, los/as defensores/as de derechos humanos continúan operando bajo un riesgo personal extremo, en una atmósfera de violencia, hostilidad e inestabilidad. La ausencia del Estado de derecho y el clima de impunidad prevalecen. Las libertades de expresión y de reunión están severamente limitadas. Varios/as miembros/as de organizaciones de derechos humanos y periodistas han sido atacados/as.

La ONU informa que es difícil determinar el número de organizaciones existentes en la comunidad de derechos humanos y que la situación, el rol y las capacidades de los/as defensores/as están intrínsicamente ligados a la situación del país, así que las ONG sufren coacciones financieras, técnicas y materiales. La comunidad incluye organizaciones activas en la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos indígenas y de lucha contra la corrupción. Los/as defensores/as son blanco frecuente de intimidación, estigmatización, vigilancia constante, prohibición de viajes, detenciones arbitrarias, incomunicación, torturas y malos tratos durante las detenciones, entre los cuales se incluyen la negativa a permitir el acceso de abogados y cuidado médico, asalto físico y amenazas de muerte. Los casos de ejecuciones extrajudiciales de defensores/as que se han presentado están en la impunidad y muchos defensores han sido forzados a ocultarse dentro del país o a exiliarse, como resultado de las amenazas por parte de la fuerza pública contra su seguridad personal y la de sus familias. En julio de 2006, Pascal Kabungulu, secretario ejecutivo de Heiritiers de Justice (Herederos de Justicia), fue asesinado y la investigación que se llevó a cabo resultó incompleta, por lo que sus victimarios no han sido llevados ante la justicia. La libertad de expresión está severamente limitada y los/as defensores/as han sido amenazados después de haber denunciado públicamente violaciones a los derechos humanos cometidas por los candidatos oficiales a las elecciones y otros funcionarios, o luego de protestar contra la corrupción, el mal manejo económico y la explotación abusiva de los recursos naturales por parte de las autoridades, o por cooperar con la Corte Penal Internacional. La libertad de reunión también está limitada, las marchas y otras demostraciones públicas requieren un permiso de las autoridades, el cual difícilmente es otorgado.