Siria
Los/as defensores/as de derechos humanos en Siria continúan enfrentando acoso, detenciones arbitrarias, juicios injustos, largos períodos en prisión, torturas y desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad sirias. El estado de emergencia, impuesto en 1963, permanece vigente y es la base de la derogatoria de muchas leyes sin ningún tipo de sustento. Siria tiene un largo record de persecución a los/as defensores/as por el simple hecho de expresar sus opiniones y denunciar en voz alta las violaciones a los derechos humanos.
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Las libertades de opinión y expresión están supuestamente garantizadas bajo la ley siria, pero en realidad hay amplias limitaciones a estos derechos, con informes sobre decenas de arrestos de defensores/as que hacen campañas por los derechos humanos y que luchan por reformas democráticas en el país.
El monitoreo on-line y la censura de Internet son lugares comunes y son frecuentes las denuncias de bloqueos por parte del gobierno a las páginas de Internet usadas por los/as defensores/as de derechos humanos. También ha habido informes de detenciones a defensores/as que utilizan el Internet para sus actividades de derechos humanos. La libertad de expresión es limitada de muchas maneras, siempre sobre la base de cargos criminales, como por ejemplo el de “diseminar informes falsos”, en casos en los cuales los/as defensores/as han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos.
La libertad de reunión prácticamente es inexistente, pues para la realización de marchas pacíficas o mítines se requiere entregar una solicitud escrita a las autoridades en la que consten los objetivos de la manifestación y los nombres de las personas a cargo de la misma. Ha habido numerosos reportes de defensores/as de derechos humanos que han sido arrestados arbitrariamente en conexión con protestas pacíficas y llamados a una reforma democrática. Adicionalmente, es usual que las ONG afronten dificultades a la hora de registrarse ante las autoridades, y su trabajo diario es obstaculizado debido a la constante amenaza de cierres por “difundir información falsa o exagerada”.
El gobierno les ha prohibido a cientos de defensores/as viajar fuera del país, y destacados defensores/as de derechos humanos han sido arrestados al regresar del extranjero, luego de que han atendido conferencias y talleres sobre asuntos de derechos humanos. Varios/as defensores/as han sido señalados de “fomentar la agresión foránea contra Siria” y han sido acusados de “debilitar el sentimiento nacional”, “incitar la contienda sectaria”, o “dañar la imagen de la Nación”.