China
Casos Activos
Las autoridades chinas continúan limitando estrictamente las actividades relacionadas con los derechos humanos en China y el Tibet. Las libertades de reunión y expresión son severamente limitadas por ley y por la interpretación restrictiva de las normas que penalizan las ofensas contra la seguridad del Estado. En particular, los activistas en favor de la justicia social, los abogados que los defienden, académicos, periodistas y “ciber-disidentes” son el blanco constante de dichas leyes.
La comunidad de derechos humanos en China está conformada por activistas, escritores, periodistas, ciber-disidentes, académicos, abogados, campesinos y defensores/as del derecho a la tierra (entre quienes se incluyen aquellos que denuncian expulsiones forzadas y corrupción), ambientalistas, activistas por el derecho a la vivienda, activistas en el tema del VIH/SIDA, y defensores/as de los derechos de las mujeres (incluidos quienes realizan campañas contra las esterilizaciones y los abortos forzados). Las actividades de defensa de los derechos humanos encuentran una significativa barrera en la interpretación dada a las ofensas contra la seguridad nacional y el orden social, bajo la cual han sido procesados muchos defensores/as. Además, los/as defensores/as deben también operar bajo una legislación bastante restrictiva:
- La Ley de Reunión, Marchas y Protestas de 1989 (Act of Assembly, Demonstration and Protest), que exige una pre-aprobación policial a todas las marchas públicas: estas aprobaciones raramente son dadas y quienes aplican a ellas en varias ocasiones han sido acosados. Los líderes de marchas pacíficas han sido arrestados bajo cargos de ofensas contra el orden público. Además, las nuevas reglas para hacer las solicitudes, expedidas por el Consejo de Estado, son casi imposibles de cumplir por los peticionarios de marchas pacíficas.
- En cuanto a la libertad de asociación, existe un requerimiento de pre-aprobación por parte del gobierno para el registro de las ONG. Como resultado, muchas ONG han sido cerradas. La comunicación entre organizaciones de derechos humanos y la mayoría de ONG internacionales es prohibida por las autoridades Chinas. Los sindicatos independientes están prohibidos.
- La libertad de expresión en todos los medios es severamente limitada. Al mismo tiempo que los/as defensores/as han aumentado el uso del internet, las autoridades han intensificado el control y la censura con una extensa red de regulaciones que restrigen el contenido de las páginas web y del uso del internet.
- Las Directrices del Colegio de Abogados de China para el Manejo de Casos de Carácter Colectivo limitan severamente la independencia de los abogados que representan a manifestantes o que actúan en pleitos colectivos.
Repetidamente, los/as defensores/as han sido objeto de acosos, intimidaciones, despidos, amenazas, detenciones arbitrarias en prisión o en hospitales psiquiátricos, malos tratos durante la detención (incluyendo el no acceso a abogados y familiares), torturas, arrestos domiciliarios, allanamientos, vigilancia (incluida la interceptación telefónica y electrónica). La “reeducación a través del trabajo” es una forma de castigo. Los familiares de defensores/as también han sido objeto de acoso. En lo referente a regiones específicas, las libertades de expresión y religión continúan siendo severamente restringidas en el Tibet, mientras los activistas pacíficos de la región autónoma XUAR (Xinjiang Uighur Autonomous Region) han reportado ser blanco ostensible de amenazas en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”.