Las restricciones impuestas por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (State Peace and Development Council), el régimen militar autoritario gobernante, hacen casi imposibles las actividades relacionadas con los derechos humanos en Burma. La libertad de reunión, asociación y expresión están muy limitadas. Los/las activistas que inciden por los derechos civiles y políticos, defensores/as que critican la acción del gobierno, incluyendo denuncias de trabajo forzado y confiscación de tierras por parte de las autoridades locales, y aquellos/as que defienden los derechos de los prisioneros políticos y minorías étnicas son víctimas de agresiones.

Pese a la severidad del régimen SPDC, la ONU informa que siguen funcionando pequeños grupos activos de defensa de los derechos humanos. El gobierno armó una Convención Nacional, sobre cuyas bases deberá esbozarse una nueva Constitución. Sin embargo, la Convención no es favorable para los defensores/as de los derechos humanos en varios aspectos, entre ellos porque la crítica hacia la mencionada convención puede ser castigada con hasta veinte años de prisión. Más aún, la Convención asegura la primacía del ejército como así también su inmunidad en caso de escrutinio jurídico. Redactados de forma vaga y de interpretación muy amplia, los delitos contra la seguridad del estado acarrean penas muy duras, y son utilizados contra defensores/as que se pronuncian abiertamente contra el accionar de las autoridades.

La libertad de asociación prácticamente no existe en el contexto de los derechos humanos, dado que el SPDC prohibió la operación de ONG tanto nacionales como internacionales en el país. En cuando a la libertad de reunión, la ley prohíbe las reuniones de más de 5 personas. Desde el año 2007, Burma ha sido testigo de una escalada en protestas pacíficas masivas. El ejército ha dispersado estas manifestaciones pacíficas mediante el uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpizas y disparos, y causando por lo menos nueve muertes y cientos de heridos. En febrero de 2008, el gobierno emitió la Ley de Referendum para la Aprobación del Esbozo de la Constitución (Referendum Law for the Approval of the Draft Constitution), que preveía una pena de prisión de hasta tres años y/o una multa sustancial si se encontraba a alguna persona haciendo campaña contra el referéndum. El gobierno hizo uso de esta ley para detener a muchos activistas, entre los cuales periodistas y defensores/as de los derechos humanos fueron particularmente agredidos.

La libertad de expresión en los medios de comunicación está muy limitada. Los medios de difusión por aire e impresos están estrechamente vigilados, a la vez que es muy severa la vigilancia del uso y contenidos de Internet. Algunas personas fueron arrestadas por distribuir la Declaración Universal de Derechos Humanos y por denunciar casos de trabajo forzado ante la Organización Internacional del Trabajo.

Bandas de matones, aparentemente bajo la dirección de la Asociación de Sindicatos Solidaridad y Desarrollo ( Union Solidarity and Development Association), un cuerpo de organizaciones masivas, fueron utilizadas para atacar a varios defensores/as de los derechos humanos, y en algunos de los casos funcionarios de la policía o del gobierno están entre quienes organizan o llevan a cabo los ataques. Los/las defensores/as han sido objeto de hostigamiento, ataques, arrestos arbitrarios, detenciones en calidad de incomunicados, largas detenciones sin juicio, detención y condena sin acceso a la asistencia legal, detención en aislamiento por periodos prolongados, maltrato y torturas durante la detención, incluyendo la negativa a proveer atención médica y arresto domiciliario por largo tiempo. Quienes sufren los abusos a los derechos humanos pocas veces cuentan con algún recurso acceder a una reparación legal, ya que la judicatura es débil y no tiene independencia. Las familias de los/las defensores/as de los derechos humanos también son víctimas; muchos defensores/as fueron forzados a exilarse.