Brasil
CONTEXTO GENERAL
Los/as defensores/as de derechos humanos en Brasil son sometidos a amenazas, asaltos, asesinatos, detenciones arbitrarias e injustificados acosos judiciales, entre los que se incluyen procesos por difamación.
Debido a la diversidad de la población, “los defensores brasileros son de variada procedencia, desde activistas de derechos humanos, religiosos, familiares de víctimas, líderes comunitarios, sindicalistas, ambientalistas, estudiantes, académicos, abogados, periodistas, hasta algunos funcionarios civiles del Estado”. Varios empleados de autoridades públicas que son considerados defensores de derechos humanos han sido sometidos a intimidaciones y acosos.
El trabajo de los/as defensores/as brasileros de derechos humanos cubre diferentes áreas, en particular, las relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, la cual incluye la promoción de una reforma agraria a favor de los derechos de los trabajadores de la tierra en las zonas rurales, los derechos de indígenas y afrodescendientes y los derechos laborales. De igual manera, los/as defensores/as trabajan por los derechos civiles y políticos y monitorean e informan sobre los abusos a los derechos humanos y sobre casos de corrupción.
Los/as defensores/as de los derechos de personas LGBT son un grupo particularmente vulnerable en Brasil, debido a que enfrentan amenazas a su integridad física. En algunos casos, los/as defensores/as que trabajan esta área han sido torturados y asesinados cuando han llamado la atención sobre la discriminación que sufren las personas LGBT o cuando han denunciado la impunidad en los casos de crímenes contra ellos/as.
Han surgido nuevos actores particularmente activos en la aplicación de procesos judiciales contra defensores/as de los derechos humanos y movimientos sociales: compañías trasnacionales y grupos económicos poderosos (nacionales e internacionales) involucrados en el desarrollo de grandes proyectos, tales como represas o minas, proyectos de infraestructura y comercio relacionado con la actividad agrícola. Debido a que las exigencias de quienes protegen el ambiente no suelen coincidir con las de los grandes terratenientes, los defensores se encuentran en situaciones de intimidación, amenazas de violencia física y muerte. Los riesgos que enfrentan los activistas a favor del ambiente son más altos en la región del Amazonas, aunque los/as defensores/as ambientalistas que se desempeñan en áreas urbanas también corren riesgos considerables.
A pesar de la ratificación de varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y de la inclusión de disposiciones para la protección de los derechos humanos en la Constitución Federal de 1988, existe una amplia brecha entre las normas de aplicación y su implementación. Las normas internacionales de derechos humanos incorporadas a la ley brasileña son raramente implementadas en las cortes del país, o citadas por los legisladores y representantes del poder ejecutivo al elaborar proyectos de ley. Los responsables de violaciones de los derechos humanos, entre ellos policías, empresas de seguridad privada, grandes terratenientes y poderosos líderes de la industria, a menudo no son investigados ni procesados. Las organizaciones brasileñas utilizan cada vez más el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger a defensores/as en riesgo.
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