Durante los últimos tres años, el gobierno de Ruanda que se ha vuelto cada vez más autoritario ha arrestado a opositores políticos, sofocado periodistas independientes, atacados defensores/as de derechos humanos, fallado en la investigación exahustiva de las desapariciones y disminuido el espacio para la sociedad civil independiente. Estas acciones han sido justificadas bajo la necesidad de prevenir 'el divisionismo étnico' y el resurgir del genocidio. Dos meses después de la conmemoración del décimo aniversario del genocidio, en abril del 2004, una comisión del Parlamento acusó de ideología genocida, una acusación muy grave tomando en cuenta que este un país que aún se recupera de un genocidio que mató al menos 800,000 personas en 1994, a varias ONG's de la sociedad civil involucradas en la promoción de los derechos humanos en el área rural y el jurídico. Mientras que los principales objetivos fueron LIPRODHOR (La Liga Ruandesa para la Promición y Defensa de los Derechos Humanos o Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l’Homme) y FOR (Foro de las Organizaciones Rurales o Forum des organisations rurales), la Comisión también acusó al único periódico independiente que queda, las iglesias, colegios e incluso las ONG's de desarrollo como CARE y Trocaire.