Después de la ola de violencia que siguió a las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, la situación en materia de derechos humanos se deterioró rápidamente. La comunidad de derechos humanos fue acusada de responder a motivaciones políticas y de canalizar fondos occidentales destinados a financiar la “oposición radical” interna, y por ello, fue objeto de una represión sin precedentes: arrestos, allanamientos en hogares y oficinas, confiscación de equipamiento electrónico y documentación, espionaje policial y una intensa campaña de difamación en los medios de comunicación controlados por el estado, se volvieron cotidianos. Abogadas y abogados de derechos humanos fueron expulsados de sus colegios de abogados por representar a activistas de la oposición detenidos, denunciar las condiciones de detención y las violaciones de las garantías de un juicio justo. Se produjeron también arrestos masivos de manifestantes. La impunidad total con que se manejan los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley contribuyó a un incremento de las violaciones de los derechos humanos, entre ellas de las torturas en el marco de la detención a opositores políticos y DDH. Al hacer frente a la negativa sistemática de autorización para celebrar reuniones públicas y la represión policial de las protestas no autorizadas, la sociedad civil se involucró en “manifestaciones silenciosas”: reuniones espontáneas, a menudo organizadas a través de redes sociales. Estas protestas fueron finalmente también recibidas con violencia y arrestos. En ausencia de figura penal aplicable, las y los participantes fueron sentenciados por infracciones administrativas por vandalismo. En noviembre, se reformó la Ley de Reuniones Públicas para permitir la aplicación de acusaciones penales contra las “manifestaciones silenciosas”. La nueva legislación también requiere que los organizadores revelen las fuentes de su financiamiento y prohíbe toda actividad de promoción, incluyendo en las redes sociales, hasta que se otorgue el permiso oficial. Otras reformas a la legislación ilegalizaron que las ONGs mantengan fondos en el exterior y establecieron responsabilidad penal por recibir subvenciones o donaciones extranjeras “en violación de la legislación bielorrusa”. Estos cargos fueron los aplicados en el caso de Ales Bialiatski, Presidente del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, quien fue arrestado en agosto y acusado de evasión fiscal por tener cuentas bancarias personales en Polonia y Lituania, que en realidad servían para la financiación de “Viasna”. En noviembre, fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión y a la confiscación de todas sus propiedades. Front Line