Bahrein
Casos Activos
Los/as defensores/as de derechos humanos en Bahrein enfrentan un incremento en las restricciones de sus actividades. Las autoridades intentan hacer blanco de agresiones a las organizaciones de derechos humanos independientes y restringir sus actividades a favor de los derechos humanos. Los/as defensores/as sufren detención arbitraria, torturas, maltrato, procesos judiciales sin fundamento, amenazas y hostigamiento. Pese a lo establecido por la ley de Bahréin en cuanto a los derechos básicos y de que este país ha ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos, en la práctica, el ejercicio de los derechos políticos y civiles está limitado.
La Ley 21/1989, que regula la creación y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, restringe la libertad de asociación y es entendida por los/las defensores/as de los derechos humanos como uno de los principales obstáculos que dificultan la labor de los/las defensores/as. Las autoridades demoran sin motivo las inscripciones, que pueden tomar hasta varios años, o las niegan sin brindar argumentos razonables. Son varios los ejemplos de las organizaciones que, a la fecha, no han sido autorizadas, pese a que han solicitado su inscripción hasta hace ya cinco años. Los/las miembros de organizaciones y comisiones no inscriptas suelen ser hostigadas, y los eventos que organizan dispersados sobre la base de que la organización no tiene autorización. Sin embargo, durante los últimos dos años, el gobierno también ha incrementado su accionar en contra de grupos de derechos humanos debidamente autorizados.
La libertad de expresión está seriamente restringida. La mayoría de los consorcios de medios de comunicación están controlados por el gobierno, de modo directo o indirecto, y a menudo atacan o critican a las organizaciones de derechos humanos y a sus miembros. En el 2008, se llevó a cabo una campaña de difamación en varios medios de comunicación contra los/las defensores/as de los derechos humanos que participaron de un encuentro en los Estados Unidos.
Las leyes prohíben las reuniones en público no autorizadas de más de cinco personas y toda reunión pública debe ser notificada al Ministerio del Interior con veinticuatro horas de antelación. Se han conocido informes del excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de dispersar manifestaciones. La nueva legislación, bajo la apariencia del contra terrorismo, ha contribuido a violar las libertades fundamentales y es utilizada para restringir aún más las actividades de los/las defensores/as de los derechos humanos.