El 2012 estuvo signado por un incremento en el número de DDH asesinados por causa de su labor de promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Front Line Defenders ha informado del asesinato de diez DDH en Camboya, India, Filipinas y Tailandia. En Camboya, Chut Wutty, fundador del Grupo de Pro- tección de los Recursos Naturales, fue asesinado a balazos en el mes de abril y no se realizó una investigación efectiva sobre el crimen. En julio, en India, K Rajmohan Chandra fue agredido y asesinado en relación con su labor en casos de corrupción que involucra a jueces, policías, políticos y empresarios. En Filipinas, activistas anticomunistas y DDH que defienden los derechos de las comunidades indígenas a la tierra han sido los más agredidos en los últimos años. En marzo, Jimmy Liguyon, defensor de los derechos humanos y líder indígena, fue asesinado a balazos frente a su casa en Barangay Dao, presuntamente por el líder de un grupo paramilitar.

En mayo se emitió una orden de arresto contra el supuesto asesino, pero hasta la fecha las autoridades no han aprehendido al acusado. Se han documentado otras agresiones físicas contra DDH en India, Laos, Maldivas, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam.

En China, Filipinas, India, Sri Lanka y Vietnam continuaron asimismo las campañas de difamación contra defensoras y defensores de los derechos humanos, en las que los tildan de ser enemigos del estado o de trabajar en favor de intereses foráneos. En India, el vicepresidente de la Fundación Gandhi por la Paz fue tachado de simpatizar con el maoísmo por su tarea a favor de la protección del derecho a la tierra y el agua para los más desfavorecidos.

En Sri Lanka, DDH que brindaron información a los organismos de derechos humanos de la ONU sufrieron represalias. En el mes de marzo, cuatro distinguidos DDH fueron amenazados verbalmente por la de- legación de Sri Lanka que asistía a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde habían estado cabil- deando para exponer abusos a los derechos humanos. Los medios de comunicación, asociados al gobierno los difamaron acusándolos de traición y pertenecer al grupo separatista armado extinto Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE, en inglés) y de haber recibido pagos para trabajar contra los intereses del país. Durante un mitin público, el Ministro de Relaciones Públicas también los amenazó públicamente con agresiones físicas. Defensoras y defensores que enviaron información a organizaciones internacionales y consorcios de medios de comunicación sobre la situación de los derechos humanos en China también fueron agredidos. Por lo me- nos un defensor de los derechos humanos tibetano fue condenado a una larga sentencia a prisión por circular información entre organizaciones extranjeras sobre un caso de inmolación y la situación de derechos humanos en la región. La labor de DDH en Tíbet y las áreas cercanas se ha vuelto muy difícil y peligrosa como conse- cuencia de la represión motivada en cuestiones de seguridad, en respuesta a las protestas de inmolación de los tibetanos.

El avance del fundamentalismo ha afectado la labor de DDH en Malasia, Indonesia y Pakistán. En este último país, desde mayo hasta julio, clérigos salafistas del distrito de Kohistán profirieron amenazas reitera- das contra defensoras mujeres y ONG. En mayo, un ex integrante de la Asamblea Nacional de Pakistán amena- zó públicamente a defensoras con que serían forzadas a contraer matrimonio con hombres de esa localidad si continuaban con su tarea en ese distrito. En octubre, Malala Yousafzai, de 14 años de edad, recibió un disparo en la cabeza y quedó gravemente herida debido a su campaña a favor del derecho a la educación de las niñas. La apertura política que se dio en Birmania trajo como consecuencia más espacio para aquellos DDH que tra- bajan por los derechos civiles o políticos. Sin embargo, nuevos proyectos afectaron a DDH que trabajaban por los derechos a la tierra y de la comunidad y los desalojos forzados, que así fueron objeto de más actos de inti- midación. En noviembre, la policía antidisturbios dispersó con violencia a miles de manifestantes y defensoras y defensores de los derechos humanos que se habían reunido para protestar contra el impacto de un proyecto de una mina de cobre en la comunidad local.

El hostigamiento judicial se utilizó contra DDH en Bangladesh, Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. En China, varios DDH han enfrentado acusaciones penales y largas sentencias a prisión como consecuencia de sus actividades por los derechos humanos. “Incitar a la subversión contra el poder del estado” continúa siendo una acusación habitual contra defensoras y defensores, especial- mente en el caso de escritores y poetas. Las revisiones que se realizaron a la Ley de Procedimiento Penal en el mes de marzo permitieron la detención secreta de hasta seis meses de sospechosos en casos relativos a seguridad del estado, terrorismo y soborno grave. También se acusa a defensoras y defensores de “fraude” con el propósito de dañar su reputación dentro de la comunidad. El aparato de seguridad continúa utilizando el arresto domiciliario, la restricción de la libre circulación, y las detenciones extrajudiciales se utilizan para im- pedir que los activistas lleven a cabo su tarea, particularmente durante períodos de alta sensibilidad. Esto fue lo que ocurrió en el mes de noviembre cuando se produjo un cambio en el liderazgo de la jefatura del Partido Comunista Chino: un gran número de defensoras y defensores de los derechos humanos no pudieron salir de sus domicilios, fueron expulsados de Pekín o se les negó permiso para salir del país.