Asia Pacífco

En Bangladesh cientos de miembros de una ONG que trabaja por los derechos de las mujeres fueron detenidos por intentar asentarse cerca de la oficina del Primer Ministro. En Camboya las marchas han sido prohibidas desde el año 2003 y una nueva ley restringirá formalmente el derecho a la libertad de reunión. Los/as defensores/as que trabajan por los derechos de las minorías religiosas se encuentran particularmente en riesgo.

En China aún es extremadamente difícil organizar cualquier tipo de actividad por los derechos humanos. Quienes tomaron parte de los actos realizados con motivo del 17º aniversario de la masacre en la Plaza de Tiananmen, fueron puestos bajo estrecha vigilancia, mientras los líderes que protestaban por la corrupción oficial fueron arrestados. En China, muchos defensores/as de derechos humanos, incluyendo a periodistas y abogados, continúan haciendo frente a programas de reeducación a través del trabajo o incluso mediante algunos tiempos en prisión. Los/as defensores que abogan por las comunidades desalojadas a la fuerza para darle paso a renovaciones urbanas, son castigados severamente al igual que sus propios abogados. Los activistas que desafían las políticas de ayudas del estado, han sido repetidamente atacados.

En Malasia, las marchas contra el incremento en el costo de vida fueron violentamente reprimidas y sus líderes puestos bajo arresto. En Nepal, pese al levantamiento del estado de excepción, la Policía continuó usando el uso excesivo de la fuerza al disolver varias manifestaciones, durante las cuales seis personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas.

En Pakistán, los familiares de las personas desaparecidas en el año 2001 después de haber sido arrestadas por los militares, fueron detenidos cuando organizaban una marcha pacífica en los alrededores del cuartel principal de las autoridades militares.

En las Filipinas el gobierno decretó el estado de emergencia para prevenir ostensiblemente la violencia desatada por los grupos extremistas de izquierda y derecha, pero también sirvió para prevenir cualquier marcha pacífica, como las que habían sido planeadas para hacerlas coincidir con la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El número de ejecuciones extrajudiciales de defensores/as de derechos humanos, periodistas y políticos de oposición se incrementó dramáticamente, especialmente en aquellas áreas con fuerte presencia militar.

En Indonesia el derecho a la libertad de expresión continúa severamente restringido: en Pápua Occidental, los/as defensores/as de derechos humanos han sido objeto de detenciones arbitrarias por criticar al gobierno y enfrentan el riesgo de torturas y malos tratos. En Aceh, han sido desplegados observadores de derechos humanos por primera vez y la situación general ha mejorado. Alrededor del país la policía ha utilizado la fuerza excesivamente para frenar las marchas y ha convertido en blando a activistas religiosos y pacíficos pro-independencia, mientras que la instauración de procesos por calumnia se ha convertido en la nueva estrategia usada contra los/as defensores/as que critican al gobierno.

En Tailandia fue impuesta la ley marcial después del golpe de Estado dado por los militares, con lo que se establecieron completas restricciones a cualquier tipo de marchas o protestas públicas.

En Camboya un nuevo proyecto de ley sobre el registro de las ONG limitaría severamente el trabajo de los/as defensores/as de derechos humanos, imponiendo durísimos controles para el registro, multas y un año de prisión para aquellas ONG que pese a haberse disuelto continúan operando. Los/as defensores/as que trabajan por el derecho a la tierra o el acceso a recursos naturales son un blanco preferido.

En la India, una nueva legislación sobre las ONG restringiría la aceptación de fondos extranjeros y en esencia le permitiría al gobierno decidir cuáles organizaciones podrían recibir fondos y el uso que debería dársele a esos dineros.

En Sri Lanka, el gobierno ha introducido una nueva legislación antiterrorista, la cual permitirá a las autoridades criminalizar las actividades de casi cualquier ONG. Ambas partes del conflicto han convertido en blanco a los/as extranjeros/as que brindan ayuda humanitaria y a los/as defensores/as locales de derechos humanos.

En Afganistán, los/as defensores/as que trabajan en zonas de conflicto corren un muy alto riesgo de ser asesinados y los defensores/as han sido ejecutados por varias de las partes en conflicto.

En Burma, el gobierno ha introducido todavía más directrices restrictivas para controlar las actividades de las ONG internacionales, entre las que se cuentan insistir en la aprobación de sus programas, monitorear sus finanzas y enviar guardaespaldas gubernamentales a todos sus viajes.

A pesar de estos obstáculos para los derechos humanos, alrededor de la región los/as defensores continúan sus campañas a favor de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en China, India y Filipinas. La primera reunión global sobre mujeres defensoras de los derechos humanos llevada a cabo en Sri Lanka en diciembre de 2005, marcó un importante acontecimiento. Las mujeres defensoras de derechos humanos continúan adelante su lucha por la igualdad de género en casi todos los países, a pesar de las amenazas específicas y adicionales a las que hacen frente.