Argentina
En Argentina, los/as defensores/as de derechos humanos han sido objeto de amenazas de muerte, vigilancia, actos de intimidación, allanamientos a sus casas y oficinas, secuestros, ataques violentos, desapariciones forzadas, persecución judicial, malos tratos, torturas y asesinatos. Se cree que los críticos de la dictadura militar y los testigos claves en los juicios contra los antiguos jefes militares son amenazados por colaboradores del régimen que anteriormente ostentó el poder.
La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos asegura en su informe que “en el contexto de la dictadura militar que gobernó el país hasta 1983, las ONG argentinas se especializaron en la lucha contra la represión política y la defensa de los derechos civiles y políticos”. (E/CN.4/2006/95/Add.5 page 44-45). La Relatora también hace referencia al crecimiento del movimiento social que defiende los derechos sociales y económicos, en respuesta a la crisis de los años recientes. Los/as defensores que estuvieron detenidos durante la dictadura, o los familiares de detenidos – desaparecidos que llevan a cabo campañas en favor de la justicia y que han denunciado los malos tratos y torturas sufridos durante el régimen militar, han sido intimidados, amenazados y en algunos casos incluso han sido desaparecidos forzadamente.
Los Jueces, abogados, periodistas, testigos claves y defensores/as de derechos humanos que han documentado las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura o que han estado vinculados a los juicios por crímenes contra la humanidad, han sido perseguidos. El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia del Poder Judicial, Leandro Despuoy, ha sido amenazado.
Los/as defensores/as de los derechos de los LGBTI aún enfrentan discriminación y acoso. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2006, una decisión de la Corte Suprema le otorgó estatus legal a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) dejando sin sustento las normas de la Inspección General de Justicia y un tribunal de primera instancia. Los líderes indígenas que luchan por el derecho a la autodeterminación de sus pueblos y sus tierras ancestrales también han sido blanco de señalamientos por parte de las autoridades locales.