Las Américas
Casos Urgentes
En todo el continente los/as defensores/as de derechos humanos se encuentran diariamente en riesgo. El sólo hecho de ser percibidos/as como una amenaza para los poderes económicos y políticos afianzados en la región, pone en peligro las vidas de activistas de los derechos ambientales, de los/as defensores/as a favor de una reforma agraria o luchadores por los derechos de las mujeres o los derechos de la población LGBT. Muchos/as defensores/as han sido asesinados, desaparecidos, torturados o atacados en los países a lo largo de toda la región. más información
Noticias:
Reportes de Front Line:
- Associacion pro Derechos Humanos (APRODEH) (Peru)
- Centro de Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH) (Guatemala)
- Centro de Derechos Humanos (Mexico)
- Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) (Chile)
- Conselho Indigenista Missionario (CIMI) (Brazil)
- Fundacion de Avuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) (Chile)
- Fundacion Regional de Asesoria en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)
- Gabinete de Assessoria Jurídica ás Organizações Populares (GAJOP) (Brazil)
- Grupo Tortura Nunca Mais RJ (Brazil)
- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) (Colombia)
- Justica Global (Brazil)
- Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (Brazil)
- Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) (Brazil)
- Coalition Nationale pour les Droits des Haitiens
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Argentina)
- American-Arab Anti Discrimination Committee (USA)
- Coalition of Immokalee Workers (USA)
- Jackson Advocate (USA)
- Kensington Welfare Rights Union (USA)
- Lynne Stewart (USA)
En Colombia 30 sindicalistas fueron asesinados en el primer trimestre del 2006. Los/as defensores/as que luchan contra la impunidad de los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado continúan siendo objeto de acosos y amenazas de muerte.
- En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras México, Perú y Venezuela han sido registrados asesinatos de defensores/as de derechos humanos.
- En Colombia y Guatemala se han registrado casos de desapariciones forzadas,
- Torturas en Colombia y México
- y ataques y amenazas de muerte en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití y Honduras.
Este clima de impunidad permanece prácticamente sin cambio alguno. Pese a que se han aprobado leyes que aparentemente protegen a los/as defensorse/as de derechos humanos, con frecuencia éstas son superficiales en su origen o pobremente implementadas.
Las activistas por los derechos de la mujer que luchan por una mayor equidad son intimidadas y atacadas. En Colombia, los/as defensores/as de derechos humanos se encuentran en particular situación de riesgo en un contexto de una guerra civil no declarada. Ambientalistas y miembros de las comunidades indígenas con frecuencia son objeto de ataques violentos. Persiste el vacío entre la teoría legal y la realidad respecto a la protección a los/as defensores/as. Pese a la decisión de la Corte Suprema argentina de reconocer la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) de ese país, a lo largo de toda la región los/as defensores/as que luchan por los derechos de las minorías sexuales se encuentran en riesgo, particularmente en Honduras, El Salvador y Jamaica.
A partir del proceso electoral, en Haití se ha dado un resurgimiento de los casos de asesinatos y secuestros. Los/as defensores/as que alzan su voz contra esta violencia se convierten en blanco de ataques. Dos destacados defensores de derechos humanos han sido asesinados. Cuando el gobierno propuso revivir la pena de muerte como parte de la nueva legislación antisecuestro, quienes se opusieron recibieron amenazas de muerte.
En Jamaica y otros países del Caribe, quienes defienden los derechos de gays y lesbianas han tenido que ocultarse debido al incremento de los ataques e intimidaciones en su contra.
Una tendencia reciente la constituye el uso del sistema judicial como herramienta de acoso contra los defensores/as de derechos humanos, ya sea con base en acusaciones motivadas políticamente y evidencias falsas, o a través de la introducción de nuevas leyes diseñadas para limitar las libertades de expresión y asociación –más recientemente en Perú y Venezuela. En Brasil, varios defensores de derechos humanos han sido procesados bajo cargos falsos por su campaña en pro de una investigación por las denuncias sobre abusos contra niños en instituciones estatales.
En Cuba, el gobierno ha restringido severamente los derechos a la libertad de expresión y asociación, algunos defensores/as de derechos humanos han sido detenidos en forma arbitraria mientras otros han sido atacados por grupos cuasi oficiales que trabajan con miembros de las fuerzas de seguridad.
En los últimos dos años, algunos/as defensores/as de derechos humanos en Estados Unidos se han vuelto más vulnerables a sufrir algún tipo de represión como consecuencia de su trabajo. Mientras la mayoría de personas que trabajan por los derechos humanos en USA pueden hacerlo libremente, aquellos que desafían a los poderes social y económico se encuentran en particular riesgo. Varios defensores/as han sufrido acoso, intimidación, falsas acciones legales en su contra, así como amenazas de muerte y detenciones.
En Argentina los/as defensores/as que han abogado por la investigación de casos desapariciones y torturas durante la pasada dictadura militar, han recibido amenazas de muerte. En Colombia los/as defensores/as de derechos humanos han sido etiquetados por el gobierno como “guerrilleros”, hecho que anima y refleja el pensamiento de quienes los consideran como legítimos objetivos.
A partir del proceso electoral, en Haití ha habido un enorme incremento en el número de asesinatos y secuestros. Los/as defensores/as que alzan su voz contra el resurgimiento de la criminalidad han terminado convertidos en blanco de ataques.
Una tendencia de particular preocupación en Honduras es la reciente decisión de permitir que agentes de seguridad privada tomen parte en las investigaciones policiales. Dado que muchos de ellos en el pasado estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, los agentes de seguridad privada son particularmente hostiles frente al trabajo de los/as defensores/as que actúan dentro de las investigaciones por estos abusos.
En Chile, a los/as líderes de la comunidad Mapuche en prisión se les ha impedido beneficiarse de las enmiendas a la ley antiterrorista que podrían dejarlos en libertad. En México, al mismo tiempo que la derogación del artículo 214 del Código Penal (que establecía los delitos de difamación y calumnia) es considerada un paso positivo, continúan las amenazas de muerte contra los/as defensores/as de derechos humanos, varios de los cuales han sido señalados como colaboradores de la guerrilla por parte de algunos líderes políticos.
