En Argentina, mientras continúan las audiencias de los juicios contra ex funcionarios de las juntas militares por crímenes de lesa humanidad, los grupos de abogados de derechos humanos denuncian continuos episodios de intimidación y hostigamiento. Durante el año 2010 siguieron las amenazas de muerte y los allanamientos de hogares y oficinas de quienes buscan la verdad, la justicia y la reconciliación para las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país hasta 1983.

Los/as defensores/as operan en Brasil en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se incluyen la promoción de la reforma agraria (con un particular acento en el derecho a la tierra de los trabajadores rurales), los derechos de los indígenas, los derechos de los/las afrodescendientes o quilombolas, los derechos de personas LGBTI y los derechos de los trabajadores, al igual que los derechos civiles y políticos y el monitoreo e información sobre abusos contra los derechos humanos y la corrupción. La violencia policial y la falta de rendición de cuentas siguen siendo grandes problemas para la sociedad brasileña. Es de destacarse que el Programa Nacional de Protección de defensores/as de los derechos humanos de Brasil ofrece un abordaje holístico hacia la protección de los/as DDH e incluye apoyo psicológico. Sin embargo, debido a la extensión del país y de los recursos limitados con los que cuenta el programa mencionado se complica la adecuada provisión de apoyo a los/as defensores/as en riesgo, que en el 2010 funcionó en seis estados.

América fue nuevamente la región con mayor incidencia de asesinatos de DDH, denunciados en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo donde defender los derechos humanos. Pese a la existencia de una comunidad de derechos humanos fuerte, el legado de violencia ha continuado en la nueva presidencia de Juan Manuel Santos, quien asumió su cargo en el mes de agosto. Los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, allanamientos de oficinas y estigmatización y criminalización de DDH continúan en paralelo con la impunidad que disfrutan los perpetradores. En un período de cuatro meses se denunciaron treinta asesinatos de DDH. Valga para ilustrar los riesgos cotidianos que enfrentas los/as DDH el caso de David Rabelo Crespo, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, quien fue arrestado el 14 de septiembre de 2010 en Barrancabermeja y permanece detenido por acusaciones fabricadas de conspiración para la comisión de un delito y homicidio agravado, y tanto él como su familia siguen recibiendo amenazas de muerte.

El asesinato de defensores/as de los derechos humanos también constituyó un problema serio en México, donde han sufrido intimidación y hostigamiento de actores estatales y no estatales. La inseguridad generalizada, la impunidad y la violencia, asociadas a la actividad del crimen organizado y el narcotráfico dan como resultado que DDH operan en condiciones extremadamente peligrosas, especialmente en Chihuahua, Guerrero y Chiapas. En abril de 2010, Bety Cariño fue asesinada, junto a un observador internacional, en un violento ataque paramilitar contra una caravana solidaria pacífica. La violencia de género y el femicidio aumentaron de forma alarmante en el estado de Chihuahua, y representan uno de los principales riesgos que corren las defensoras de los derechos de la mujer en la región. El año 2010 comenzó con el asesinato, en el mes de enero, de Josefina Reyes, muerta por oponerse a los abusos del ejército, y cerró con otro asesinato, el de Marisela Escobedo Ortiz, también defensora de los derechos de la mujer, asesinada en diciembre cuando llevaba a cabo una vigilia pacífica manifestándose contra la libertad del asesino de su hija. Después de estas muertes, varios familiares de ambas defensoras también fueron asesinados. La respuesta de las autoridades es sistemática: “la presencia del ejército es necesaria debido a los carteles de tráfico de drogas en la región.”

La merma en el número de ataques contra defensores/as en Guatemala, que había alcanzado un pico en el año 2009, constituye una buena noticia. Pese a esto, el ambiente permanece siendo de alto riesgo, y defensores/as operan temerosos de las represalias. Front Line ha denunciado intentos de asesinato, amenazas de muerte e intrusiones en los hogares de los/as DDH.

En Ecuador, defensores y defensoras de los derechos humanos denuncian la continua represión de parte del estado, especialmente contra activistas ambientales. En el 2010 se conocieron denuncias de DDH criminalizados, desacreditados, encarcelados y asesinados. En este contexto, es casi una paradoja que la Constitución del 2008 disponga “el derecho a resistir acciones u omisiones de las autoridades públicas, personas y organizaciones que amenazan los derechos constitucionales de las personas”.

En Honduras, defensores/as de los derechos humanos, organizaciones y partidos políticos unen fuerzas y se oponer al gobierno de facto en un movimiento bajo el título Frente Nacional de Resistencia. El 2010 fue otro año violento, por lo que Front Line debió publicar llamados urgentes sobre tres casos distintos de asesinato de DDH, como así también ante otros intentos de homicidio y amenazas de de muerte contra grupos e individuos. Los/as defensores/as de los derechos humanos de personas LGBTI también son blanco de amenazas, espionaje, secuestros, intimidación y homicidios, y son víctimas de doble discriminación: por ser defensores de los derechos humanos y porque defienden los derechos de personas LGTI. Corren particular riesgo quienes promueven el desarrollo sustentable y los derechos ambientales en Honduras, como es el caso del Movimiento Ambientalista de Olancho.