Defensores/as de los derechos humanos vietnamitas son objeto de intimidación, amenazas, interrogatorios, hostigamiento, arresto, detención arbitraria, maltrato y torturas. De acuerdo con el informe emitido por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, “Los/las defensores/as en Vietnam incluyen, entre otros/as, a periodistas, escritores, líderes religiosos, granjeros y campesinos que trabajan en cuestiones de derechos económicos y sociales, democracia y derechos humanos, derechos del trabajador y libertad religiosa, derechos de la tierra y de las minorías”. El gobierno vietnamita se niega habitualmente a reconocerlos como defensores/as de los derechos humanos y los acusa falsamente de ser delincuentes.

Vietnam ha fracasado a la hora de cumplir con sus obligaciones en términos de garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea. Los/las defensores/as de los derechos humanos, que desempeñan sus legítimas y pacíficas actividades pro derechos humanos, y suelen ser acusados de delitos según la legislación de seguridad nacional por sus críticas a las políticas gubernamentales o la publicación de artículos en periódicos o sitios web disidentes. Están prohibidos todos los partidos políticos que no sean el Partido Comunista de Viet Nam (Communist Party of Viet Nam – VCP) y las organizaciones independientes. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras solo pueden inscribirse junto con una asociación local, con la condición de mantener una buena relación con la autoridad de gobierno. No existen medios de comunicación independientes o privados, periódicos locales, estaciones de televisión y radio están bajo un control estricto del estado. El ciberespacio está totalmente controlado y restringido, y muchos activistas, sindicalistas y líderes religiosos que se comunicaban on line fueron encarcelados luego de una solicitada prodemocrática presentada online, “Manifiesto sobre la Libertad y la Democracia para Vietnam 2006”.

Existe también un patrón en curso del gobierno, que hace uso de lo establecido en el Código Penal con relación a la seguridad nacional para sofocar las actividades de derechos humanos. Las acusaciones más comunes contra defensores/as de los derechos humanos incluyen “realizar propaganda” (artículo 88), “espionaje” (artículo 80) y “socavar la unidad política” (artículo 87). Además, la legislación autoriza la detención arbitraria de un individuo sin juicio durante hasta dos años.