Los/las defensores/as de los derechos humanos en Libia enfrentan serias persecuciones, que incluyen detenciones arbitrarias, procesos judiciales por acusaciones fabricadas y prolongados encarcelamientos. Las autoridades no autorizan la libre expresión, ni la libertad de prensa, ni de asociación; y las organizaciones independientes de derechos humanos no pueden trabajar abiertamente. Un cuerpo de seguridad estatal muy estratificado monitorea a la población, e impone severos castigos a los disidentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. Son cientos los que han sido detenidos sin cargos y mantenidos incomunicados durante meses, es muy frecuente que se apliquen torturas durante los interrogatorios. Los/las defensores/as de los derechos humanos han visto sus pasaportes confiscados y se les ha negado toda asistencia legal. Según la organización con base en Ginebra, Solidaridad con los Derechos Humanos en Libia (Libyan Human Rights Solidarity), son por los menos 258 los prisioneros políticos que han sido desaparecidos.

En febrero de 2007, más de una docena de libios fueron arrestados por planear una manifestación en protesta por la violencia policial en el país. Las autoridades los acusaron de complotar para derrocar al gobierno. Según el Artículo 166 del Código Penal de Libia, se puede imponer la pena de muerte a cualquiera que "se manifieste o conspire con un funcionario extranjero para provocar o contribuir a un ataque contra Libia". En el 2004, Fathi al-Jahmi, disidente libio, fue sentenciado a muerte por hablar con funcionarios extranjeros sobre la situación de los derechos humanos en el país, y permanece en custodia pese a los numerosos llamados que se han efectuado por su liberación. Muchos periodistas han sido víctimas de duras sentencias a prisión por leves críticas a las autoridades gobernantes. Las autoridades de Libia han realizado esfuerzos para mejorar sus relaciones con otros países y su imagen internacional, pero son pocas las reformas realizadas en cuanto al trato dispensado a los/las defensores/as de los derechos humanos.