(Noviembre de 2011)

Eritrea es un estado donde no existen otros partidos políticos fuera del autorizado Frente Popular por la Democracia y la Justicia (PFDJ) del Presidente. Aunque Eritrea forma parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, estos están seriamente restringidos. Defensores/as de los derechos humanos hacen frente a detenciones incomunicadas indefinidas sin que medien acusaciones o juicios. El mal trato o tortura son comunes. El derecho a la libertad de asociación, reunión, expresión e información están virtualmente ausentes.

El índice internacional de libertad de prensa ubica a Eritrea en el último lugar por cuarta vez consecutiva. El ambiente extremadamente restrictivo ha forzado a muchos periodistas a huir o intentar huir, poniendo en riesgo sus vidas y ser arrestados. No existen medios de comunicación independientes. Desde el 2001, cuando la prensa privada fue cerrada, el gobierno mantiene el monopolio del acceso a la información. Más de 30 periodistas están actualmente detenidos y muchos de ellos están incomunicados sin que se presenten cargos. Casi no se conocen noticias sobre su estado de salud. Un caso emblemático es el del periodista nacido en Eritrea y encarcelado Dawit Isaak, ganador del premio 2011 Golden Pen of Freedom. Es uno de los fundadores del primer periódico independiente de Eritrea, Setit. Fue arrestado después de que su periódico publicó cartas demandando reformas democráticas en el 2001, y desde entonces está detenido. Estaría en penosas condiciones mentales y físicas.

Muchos activistas políticos y personas que son consideradas como críticas del gobierno, entre ellas nos pocos ex funcionarios jerárquicos del estado, también están detenidos desde la ofensiva del 2001. Al igual que con los periodistas, un gran número de ellos/as están incomunicados/as por largos períodos a la vez que no se conoce información oficial sobre su paradero y condiciones de salud. Algunos informes reportan que más de la mitad de ellos han muerto durante la detención.

Las severas restricciones a la libertad de expresión y asociación han suprimido efectivamente la independencia de la sociedad civil. Todos los sindicatos son administrados por el gobierno, no están autorizadas las reuniones públicas y las ONG no existen. Las actividades de las organizaciones internacionales también están totalmente restringidas. La Proclamación Nro. 145/2005 dispuesta “para determinar la administración de las organizaciones no gubernamentales” indica que las ONG internacionales están limitadas en las actividades de asistencia y rehabilitación y no tiene permitido trabajar en las comunidades locales de forma independiente del gobierno. La ley dispone también que todas las ONG (nacionales e internacionales) deben entregar informes trimestrales e informes financieros auditados, pagar impuestos a todos los productos importados, incluyendo asistencia alimentaria, y depositar fondos sustanciales en un banco de Eritrea. Regularmente, niegan el ingreso a las organizaciones internacionales con base fuera del país. Las organizaciones internacionales de derechos humanos no están autorizadas a visitar las prisiones.