(Noviembre de 2011)

El reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo, en el 2008, no cambió la situación de los/as defensores/as de los derechos humanos en ese país. Defensores/as y periodistas siguen siendo víctimas de amenazas e intimidación. Las tensiones étnicas y la violencia motivada en la política entre los serbios y los albanos que habitan Kosovo continúan presentes y afectan la labor de los/as DDH.

Continuamente se conocen denuncias de periodistas que han sido amenazados o atacados, también en manos de figuras políticas. Algunos de ellos fueron desalentados a formular denuncias contra los responsables. También se han conocido denuncias de reiterados actos de violencia mediante explosivos contra periodistas.

Las organizaciones de combaten la corrupción son hostigadas por las autoridades en el gobierno. Los activistas que trabajan para lograr que se asignen responsabilidades en los presuntos crímenes cometidos por personal de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK, en inglés) también han sido hostigados.

Defensores/as de los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT) en Kosovo enfrentan dificultades para llevar adelante su tarea. Aunque Kosovo ostenta una de las legislaciones más amplias contra la discriminación de toda Europa, la actitud pública sigue siendo profundamente homofóbica y las leyes no se aplican a fondo. Son ilustrativos los casos de hostigamiento y discriminación contra integrantes de la comunidad LGBTI de parte del personal médico en los hospitales locales. Esta extendida homofobia afecta la labor de defensores/as de los derechos de personas LGBTI, que describen sus condiciones de trabajo como “totalmente clandestinas”.

El sistema de justicia sigue estando debilitado, pese a los esfuerzos de juzgar a los perpetradores de crímenes de guerra pasados y abusos post guerra contra las minorías. Si bien existe la institución del Ombudsman, las autoridades a menudo han ignorado o demorado significativamente dar respuesta a las decisiones del defensor/a del pueblo.

El informe anual de la Comisión Europea destacó la fragilidad del sistema de justicia de Kosovo, la inadecuada atención a garantizar se hallen los responsables de los crímenes de guerra, las continuas amenazas contra periodistas independientes, el lento progreso de confirmar el paradero de las personas desaparecidas, y la discriminación generalizada y marginalización de los kosovares romaníes, ashkalíes y egipcios.